Asesinato del citricultor que denunció extorsiones sacude a Apatzingán y reaviva la urgencia de protección para productores.
Bravo Manríquez, de 40 años, era un productor de limón que se destacó por denunciar públicamente las extorsiones del crimen organizado contra empacadores, exportadores y otros productores del llamado “oro verde”. El fin de semana había convocado en redes sociales a una reunión de citricultores en el Tianguis Limonero para impedir la presencia de intermediarios que imponían precios a la fruta, y en un video anunció que no permitirían el acceso a “corredores o coyotes”.
La víctima también era esposo de Amelí Gissel Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, dato confirmado por autoridades locales. La Fiscalía informó que Bravo Manríquez fue localizado sin vida dentro de su vehículo en el camino hacia la comunidad de Los Tepetates, y las indagatorias buscan esclarecer las circunstancias del homicidio y la posible relación con sus denuncias públicas.
El gobierno municipal de Apatzingán expresó su pesar por los hechos y se solidarizó con la familia del empresario, condenando enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida, la paz y el bienestar de la población; además pidió a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento y justicia para las víctimas. La administración local subrayó la necesidad de protección para quienes trabajan en el campo y contribuyen al desarrollo regional.
El caso reaviva la preocupación por la violencia y las extorsiones que afectan al sector citrícola en Michoacán, y pone en evidencia los riesgos que enfrentan productores que denuncian la intervención de grupos delictivos en la cadena de comercialización; las autoridades estatales y federales permanecen en investigación para determinar responsabilidades y prevenir nuevos ataques.
El caso reaviva la preocupación por la violencia y las extorsiones que afectan al sector citrícola en Michoacán, y pone en evidencia los riesgos que enfrentan productores que denuncian la intervención de grupos delictivos en la cadena de comercialización; las autoridades estatales y federales permanecen en investigación para determinar responsabilidades y prevenir nuevos ataques.
