Demanda histórica: ¿culpa científica o cacería política contra el analgésico más usado?
Texas presentó el martes una demanda contra las empresas Johnson & Johnson y Kenvue por la comercialización de Tylenol a mujeres embarazadas, alegando que la exposición prenatal al acetaminofén —principio activo del medicamento— incrementa el riesgo de que los hijos desarrollen autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. El recurso legal, impulsado por el fiscal general de Texas Ken Paxton, acusa a las farmacéuticas de llevar a cabo prácticas comerciales engañosas y de haber ocultado supuesta evidencia sobre los riesgos del producto, en una querella que se inserta en un debate mediático y político que vino escalando en los últimos meses.
La controversia cobró fuerza tras declaraciones públicas en septiembre del expresidente Donald Trump, quien vinculó el uso de paracetamol en el embarazo con un mayor riesgo de autismo en niños y desaconsejó su consumo en gestantes y menores, pese a que el medicamento es de venta libre y figura entre las opciones recomendadas por médicos para tratar dolor y fiebre en el embarazo. Esa postura divulgada a gran escala provocó reacciones inmediatas en la comunidad médica y científica, que recordó la falta de consenso y la necesidad de prudencia ante asociaciones observacionales no concluyentes.
En la demanda, Paxton sostiene que Johnson & Johnson y Kenvue sabían desde hace décadas de estudios que, según su versión, vinculan la exposición prenatal al acetaminofén con afecciones como autismo y TDAH, y las acusa de silenciar o ignorar esa evidencia para proteger ganancias; las compañías, por su parte, han rechazado las imputaciones y Kenvue anunció que se defenderá con fuerza, calificando las acusaciones como legalmente infundadas y carentes de respaldo científico. Johnson & Johnson además recordó que cedió su negocio de salud al consumidor y que Kenvue posee actualmente los derechos sobre Tylenol, aspecto que ambas empresas han mencionado al responder a la demanda.
Las sociedades científicas y la Organización Mundial de la Salud han señalado que la evidencia es inconsistente: estudios observacionales han sugerido posibles asociaciones entre la exposición prenatal al paracetamol y ciertos resultados neuroconductuales, pero no existe consenso ni pruebas que establezcan una relación causal, por lo que piden cautela antes de llegar a conclusiones definitivas que puedan alarmar a la población y afectar prácticas clínicas establecidas. Los expertos advierten además que privar a las gestantes de un analgésico seguro podría forzarlas a enfrentar fiebre o dolor sin alternativas seguras, lo que también supone riesgos para madre y feto.
El caso abre una vía judicial con implicaciones amplias para la industria farmacéutica y la comunicación de riesgos en salud pública: más allá del fondo científico, el litigio plantea preguntas sobre responsabilidad corporativa, regulación y el papel de la política en la difusión de información sanitaria; la disputa legal entre el estado de Texas y las farmacéuticas promete extenderse y será observada de cerca por autoridades sanitarias, profesionales médicos y el público en general mientras las partes presentan pruebas y alegatos en los tribunales.
