Balazos, escoltas que respondieron y una investigación que promete destapar redes: el ataque reabre la crisis de seguridad en Michoacán.
Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, murió tras ser atacado a balazos durante el festejo por el Festival de las Velas en la Noche de Muertos. El asesinato pasó mientras ella caminaba por el centro de la ciudad y el personal de seguridad del edil repelió la agresión y logró abatir a uno de los agresores en el lugar, quien hasta el momento no ha sido identificado. Inmediatamente, Manzo fue trasladado de emergencia a un hospital en estado crítico por sus heridas; horas más tarde confirmaron su fallecimiento.
La Fiscalía y las fuerzas de seguridad informaron que hay dos hombres detenidos por estar presuntamente vinculados con el ataque y anunciaron la existencia de investigación en curso para esclarecer la autoría material e intelectual del hecho. Las primeras pistas recabadas incluyen la revisión de videos de cámaras de seguridad y del C5 y declaraciones de testigos; las autoridades afirmaron que se encuentran trabajando de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para avanzar en las indagatorias y detener a más posibles implicados.
Carlos Manzo llevaba tiempo denunciando amenazas derivadas de su labor en operativos contra la delincuencia local; durante su gestión encabezó acciones enfocadas en la captura de ladrones y narcomenudistas, y en junio había denunciado la existencia de campos de entrenamiento del crimen organizado en su municipio, supuestamente dirigidos por extranjeros. Sus posturas públicas y sus operativos lo colocaron en una posición de mayor riesgo, según fuentes cercanas, y en entrevistas previas él mismo reconoció la vulnerabilidad de su cargo ante la ola de violencia que ha afectado a varios alcaldes en la región.
En los últimos meses, Manzo confesó públicamente que, al igual que los funcionarios en zonas conflictivas, estaba expuesto a ser víctima de un ataque, pero sostenía que su “blindaje” era no relacionarse o involucrarse en actividades de grupos criminales. Esa postura la acompañó con llamados al gobierno federal para reforzar la estrategia de seguridad en Michoacán, insistiendo en la necesidad de inteligencia, investigación y judicialización.
El gobierno federal reaccionó inmediatamente y se aseguró que se intensificarán los esfuerzos en Michoacán, con mayor presencia operativa, despliegue de inteligencia, además de un compromiso de “cero impunidad” en la investigación. La presidenta comunicó respaldo a la familia del alcalde y ordenó coordinar acciones con la Sedena, la Guardia Nacional y autoridades estatales y municipales para asegurar la captura de los responsables y fortalecer la seguridad en la región afectada por la violencia.
Los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coincidieron en que, por ahora, no hay indicios de vínculos entre los escoltas del alcalde y grupos criminales; enfatizaron que el propio personal de seguridad actuó para neutralizar al agresor y que ya se han recabado pruebas —entre ellas restos de ADN y grabaciones— para profundizar las líneas de investigación. Al mismo tiempo, las autoridades reconocieron el riesgo que enfrentan los elementos de seguridad en Michoacán, reiteraron que no dejarán solos a sus agentes y destacaron la coordinación interinstitucional para proteger a la población y avanzar en el esclarecimiento del crimen.
