Herencias, concesiones y un fondo de reserva: la ley que enfrenta a comunidades, agricultores y poderosos.
Ante la polémica y las movilizaciones por la iniciativa de Ley de Aguas, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, aseguró que se mantendrán los derechos para heredar agua y vender propiedades. Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que la intención de la reforma es que “el agua deje de verse como una mercancía” y que las modificaciones buscan priorizar el acceso al recurso por encima de su comercialización. Morales insistió en que la propuesta no pretende despojar a nadie de derechos adquiridos, sino reorganizar su gestión para garantizar el bien común.
El funcionario detalló que los derechos de herencia se conservarán y que, en casos de transmisión de tierras a uno, dos o tres hijos, la adjudicación se hará de manera proporcional. También aclaró que en las compraventas de inmuebles se podrá otorgar un nuevo título de concesión a nombre del nuevo propietario, con lo que se busca dar seguridad jurídica sin afectar la transferencia de bienes. Estas precisiones, dijo, responden a dudas públicas sobre la continuidad de trámites y derechos en el mercado inmobiliario.
Como parte de las medidas para proteger el recurso, Conagua plantea el fortalecimiento de los procedimientos contra el robo de agua y la creación de un fondo de reserva de aguas nacionales. Ese fondo, explicó Morales, permitirá contar con reservas suficientes para garantizar el derecho humano al agua, con especial atención a comunidades indígenas y rurales que históricamente han sido más vulnerables. Además, la reforma promueve la eficiencia en el uso del agua, la tecnificación del riego y la regulación de la captación pluvial para optimizar el aprovechamiento en zonas agrícolas y urbanas.
Frente a las críticas y los bloqueos carreteros de agricultores, Morales López acusó a quienes se oponen de defender intereses particulares que han permitido el acaparamiento de grandes volúmenes de agua con respaldo político y económico. Señaló que esas prácticas han impedido el acceso de pequeños y medianos productores al recurso y que la ley busca corregir esas desigualdades. Para cerrar, reiteró que la prioridad es garantizar que las comunidades rurales e indígenas puedan acceder al agua, porque se trata de un derecho que pertenece al pueblo de México.
