Entre protestas, tensiones y reclamos de la oposición, el dictamen avanza al Senado con cambios que buscan frenar el acaparamiento y ordenar el sistema de concesiones.
Tras un debate maratónico de más de 24 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. La votación se realizó en medio de una sesión tensa, con 328 votos a favor y 131 en contra en lo general, y 324 a favor y 118 en lo particular, reflejando el desgaste de los legisladores después de horas de discusión.
El propósito central de la nueva ley, según la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes de la Cruz, es ordenar el sistema de concesiones, cerrar espacios a la corrupción, reconocer los sistemas comunitarios y garantizar el derecho humano al agua. Aunque el debate estuvo cargado de posiciones encontradas, la mayoría oficialista respaldó el proyecto impulsado por el Ejecutivo federal.
Afuera del recinto legislativo, grupos de campesinos bloquearon desde temprano los accesos a San Lázaro en rechazo a la iniciativa. Sin embargo, se retiraron por la tarde al adelantarse la discusión en el Pleno. Su salida permitió que continuaran los trabajos legislativos, aunque el ambiente se mantuvo tenso por las manifestaciones previas y las críticas de la oposición dentro del Pleno.
Durante la discusión en lo particular, solo 18 de más de 500 artículos reservados pasaron a debate, enfocados en temas como responsabilidad hídrica, riesgos de disponibilidad, plazos de concesiones y penalidades revisadas por la Suprema Corte. Tras aprobar 68 cambios, el dictamen fue turnado al Senado para su análisis. Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llamó a un proceso legislativo responsable y transparente, advirtiendo del impacto que la reforma tendrá en sectores productivos y en la vida diaria de millones de mexicanos.
Por su parte, el titular de Conagua, Efraín Morales, defendió que las modificaciones buscan impedir la especulación del agua, evitar el acaparamiento y frenar prácticas ilegales que han beneficiado a unos cuantos. Afirmó que la reforma no afecta a pequeños productores y que la desinformación proviene de quienes buscan mantener privilegios. Subrayó que la intención es que el agua deje de tratarse como mercancía y que las concesiones se transmitan de forma adecuada cuando una parcela cambia de dueño o cuando fallece un productor.
