La advertencia no proviene de la oposición ni de rumores marginales. Surge desde una de las voces más prestigiadas del periodismo económico en México. En su columna “Estira y afloja”, publicada en Grupo Milenio, el periodista J. Jesús Rangel M. documenta con detalle las irregularidades, la opacidad y los cuestionamientos que rodean el concurso para la tercera fase del parque fotovoltaico de Puerto Peñasco, uno de los proyectos emblemáticos de energía limpia del país.
El caso no es menor. La Fase 3 representa una etapa clave de expansión y consolidación del complejo, al incorporar 300 MW adicionales de capacidad instalada, así como infraestructura eléctrica asociada, subestaciones, sistemas de interconexión y obras complementarias necesarias para integrar la energía generada a la red nacional. Se trata de una fase determinante para la operación integral del proyecto y para el cumplimiento de los objetivos de generación limpia del Estado mexicano.
La inversión estimada asciende a alrededor de 5,900 millones de pesos, y fue promovida desde principios de año como estandarte de la transición energética de la llamada 4T. Sin embargo, el proceso de adjudicación ha derivado en un escenario que pone en duda no solo la viabilidad técnica y financiera de la obra, sino la capacidad del nuevo gobierno para garantizar transparencia, competencia real y profesionalismo en sectores estratégicos.
Tal como señala Milenio, de siete propuestas iniciales fueron eliminadas seis: tres de manera anticipada por supuestos temas de garantías y otras tres durante la fase de apertura económica, sin que se hicieran públicos los montos ofertados ni los criterios completos de evaluación. Hoy solo queda un participante, y el miércoles 17 de diciembre se decidirá si se le otorga el contrato o si el proceso se repone.
La preocupación crece porque, de acuerdo con lo documentado, consorcios con amplia experiencia internacional en proyectos fotovoltaicos de gran escala fueron excluidos, incluso algunos acompañados por empresas con trayectoria probada en ingeniería, construcción y operación de parques solares. En contraste, el grupo que habría quedado “vivo” en el concurso es liderado por Eléctrica Aselco, donde figura como socio Manuel “Meme” Garza González, empresario vinculado a Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
La columna de Milenio también da cuenta de versiones persistentes dentro de la CFE sobre presuntas presiones, tráfico de influencias y decisiones discrecionales que habrían allanado el camino para favorecer a un solo consorcio. Incluso se menciona que Mercedes Alor, prima de la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, estaría relacionada con el impulso de uno de los grupos participantes.
Aquí es donde el tema trasciende lo administrativo y se convierte en un problema político de primer orden. Claudia Sheinbaum, como presidenta, no puede desentenderse de lo que ocurre en la CFE ni minimizar las alertas que surgen desde el periodismo especializado. Gobernar no es solo anunciar proyectos, sino supervisar cómo se adjudican, quién los ejecuta y bajo qué criterios técnicos, financieros y éticos.
La energía es un sector estratégico y altamente observado a nivel internacional. La Fase 3 de Puerto Peñasco no admite improvisaciones: errores en esta etapa pueden comprometer la operación del complejo completo, elevar costos, generar litigios y afectar la credibilidad del país ante inversionistas y socios internacionales.
El silencio, la omisión o la indiferencia frente a estos señalamientos equivale a una forma de aval. Y ese es el mayor riesgo para el gobierno de Claudia Sheinbaum: repetir prácticas que prometió erradicar, ahora bajo el argumento de la continuidad.
Aún hay tiempo.
Tiempo para transparentar el proceso, abrir la información técnica y económica, y frenar decisiones dudosas antes de comprometer una obra estratégica y miles de millones de pesos de recursos públicos.
Puerto Peñasco no es solo un parque solar. La Fase 3 es una prueba temprana de si el nuevo gobierno está dispuesto a corregir, transparentar y rectificar, o si permitirá que las amistades y los intereses pesen más que la experiencia, la legalidad y el interés público.
