Omisiones legislativas dejan sin aplicación efectiva cambios clave en pueblos indígenas, bienestar animal, maíz nativo y salario mínimo.
A pesar de la rapidez con la que el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales en temas sensibles como pueblos indígenas, protección animal y maíz nativo, el Poder Legislativo incurrió en una violación constitucional al no expedir las leyes generales necesarias para su aplicación. Sin estos ordenamientos reglamentarios, las reformas carecen de un marco jurídico que permita llevarlas a la práctica, lo que las mantiene, en los hechos, como disposiciones incompletas y de alcance limitado.
El problema se agrava por un hecho inédito: desde hace un año, el Senado mantiene congelada una reforma constitucional en materia de salario mínimo que ya fue aprobada por los 32 congresos estatales. Al negarse a emitir la declaratoria de validez constitucional, la Cámara Alta impide que estas disposiciones entren en vigor, sin ofrecer una explicación jurídica clara, pese a las reiteradas solicitudes de legisladores de oposición.
Este lunes concluye formalmente el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura, y tanto senadores como diputados dejan pendientes las leyes que darían viabilidad a las reformas en comunidades indígenas, bienestar animal y protección del maíz nativo. Ninguna comisión de trabajo de ambas cámaras reportó avances sustantivos, confirmando que los temas quedaron relegados en la agenda legislativa.
En el caso de los pueblos indígenas y afromexicanos, la reforma constitucional está vigente desde el 1 de octubre de 2024 y debió contar con su ley general desde abril de 2025. Esta legislación debe regular, entre otros puntos, la elección de autoridades conforme a los sistemas normativos propios, garantizando la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres indígenas y el respeto al pacto federal. Sin embargo, desacuerdos entre legisladores y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas han impedido su concreción.
Situación similar ocurre con la reforma de bienestar animal, en vigor desde diciembre de 2024, y con la del maíz nativo, ambas sin legislación reglamentaria pese a haber vencido los plazos constitucionales. Aunque se prohibieron espectáculos con mamíferos marinos, el resto de los animales quedó sin regulación integral. En el caso del maíz, la Constitución ordena protegerlo de modificaciones genéticas y garantizar la soberanía alimentaria, pero el Congreso no ha emitido la ley que permita planear y supervisar la producción agropecuaria, dejando nuevamente en suspenso la aplicación real de la reforma.
