Tensiones crecen entre Washington y Caracas mientras el Congreso exige explicaciones sobre la ofensiva antidrogas
La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una nueva advertencia para las aerolíneas que sobrevuelan el espacio aéreo venezolano, citando un “empeoramiento de la situación de seguridad” y un aumento de la actividad militar tras una serie de ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. La alerta llega en un contexto de operaciones navales y aéreas lideradas por el portaaviones Gerald Ford y decenas de cazas, que según Washington buscan desmantelar rutas de tráfico de drogas.
En el Congreso estadounidense, altos funcionarios de seguridad nacional fueron sometidos a un intenso interrogatorio sobre la campaña que se prolonga por más de tres meses y que ha dejado decenas de muertos y embarcaciones destruidas. Legisladores expresaron inquietud por la falta de transparencia y por el riesgo de que las acciones militares deriven en una escalada mayor contra Venezuela, por lo que se discutió la posibilidad de limitar operaciones que afecten territorio extranjero sin autorización del Congreso.
La administración Trump ha intensificado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar el llamado “cartel de los Soles” y a quien declaró “narcoterrorista”, ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Además de los ataques marítimos, Washington incautó recientemente un buque con petróleo venezolano e impuso sanciones a familiares y aliados del entorno presidencial, medidas que Caracas calificó de agresiones y denunció ante organismos internacionales.
La ofensiva ha generado reacciones internacionales y regionales encontradas: líderes como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, manifestaron apoyo a cualquier acción que ponga fin a lo que califican como dictadura, mientras organismos multilaterales y algunos gobiernos llamaron a la moderación y a evitar una escalada bélica. Expertos y diplomáticos advierten sobre posibles violaciones al derecho internacional y sobre el impacto humanitario y económico de una confrontación prolongada en la región.
A pesar de las explicaciones del Pentágono sobre la campaña antidrogas, persisten dudas sobre la proporcionalidad y los objetivos a largo plazo de las operaciones. El debate en Washington se centra ahora en equilibrar la lucha contra el narcotráfico con la necesidad de controles legislativos y transparencia, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de que las medidas militares se transformen en un conflicto de mayor alcance en el hemisferio.
