Exigen medidas de protección y la Audiencia Nacional abre diligencias por presuntos abusos
El cantante Julio Iglesias ha contratado al despacho del exmagistrado José Antonio Choclán para asumir su defensa ante las acusaciones de agresión sexual presentadas por dos extrabajadoras, según fuentes jurídicas. El letrado, conocido por representar a clientes de alto perfil mediático, asumirá la estrategia legal en un caso que ha provocado atención mediática y jurídica.
La Audiencia Nacional abrió esta semana diligencias de investigación después de que las denunciantes afirmaran haber sufrido agresiones sexuales mientras trabajaban en las mansiones del artista en el Caribe. El Ministerio Público confirmó que la denuncia se presentó el 5 de enero y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inició actuaciones preprocesales y reservadas para esclarecer los hechos.
La Fiscalía decidió tomar declaración a las dos mujeres y les otorgó la condición de testigos protegidos; se indicó que podrían emplearse medios telemáticos para recabar sus testimonios, aunque esos detalles se mantienen bajo reserva para no afectar el curso de la investigación. Por ahora no hay imputación firme que determine responsabilidad penal, y las diligencias siguen su curso.
Julio Iglesias, nacido en Madrid en 1943 y reconocido internacionalmente por vender más de 300 millones de discos, reside habitualmente fuera de España y ha mantenido propiedades en varios países del Caribe, circunstancia que motivó que la Audiencia Nacional asumiera la investigación ante la posible existencia de elementos de extraterritorialidad conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Organizaciones y voces públicas han reaccionado al caso: la directora ejecutiva de Women’s Link Legal confirmó que las denunciantes continúan empleadas por el cantante y subrayó el desequilibrio de poder entre las partes, derivado de la capacidad económica e influencia del denunciado, como fundamento para solicitar medidas de protección. En el ámbito político, la presidenta de la Comunidad de Madrid rechazó contribuir al “linchamiento” mediático, mientras las autoridades judiciales prosiguen las pesquisas para determinar responsabilidades.
