La visita de la presidenta interina de Venezuela marca un giro diplomático tras la captura de Maduro
La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump invitó a Washington a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadunidense. Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y sancionada por Estados Unidos, aún no tiene fecha confirmada para el viaje; desde la administración estadounidense aclararon que “nada ha sido agendado” por el momento.
Si se concreta, Rodríguez sería la primera gobernante venezolana en visitar oficialmente Estados Unidos en más de un cuarto de siglo, excluyendo desplazamientos a reuniones de la ONU en Nueva York. La invitación refleja la cercanía entre la Casa Blanca y el gobierno interino, una relación que se intensificó tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero y la posterior captura del mandatario socialista.
En Davos, Trump elogió a Rodríguez, calificándola de “formidable” y asegurando que Venezuela podría aumentar significativamente sus ingresos petroleros en los próximos meses. Paralelamente, la presidenta interina ha firmado acuerdos petroleros y autorizado la liberación de presos políticos en un contexto de negociaciones para restablecer relaciones diplomáticas rotas desde 2019, mientras Washington presiona para que grandes petroleras estadounidenses regresen al país.
No obstante, la Agencia Internacional de la Energía advirtió sobre las limitaciones técnicas y económicas del crudo venezolano, que es extrapesado y costoso de extraer, lo que pone en duda la rápida recuperación de la producción a niveles históricos. Rodríguez anunció además el ingreso de 300 millones de dólares por ventas de petróleo gestionadas por Estados Unidos, una inyección de divisas clave en un país donde el dólar se consolidó como moneda de facto desde 2018.
La situación interna sigue tensa: el partido de Maduro protesta por lo que califica de “secuestro” del gobernante depuesto y su esposa, y el chavismo mantiene el control de los poderes públicos. Las liberaciones de presos políticos avanzan lentamente —alrededor de 150 excarcelaciones frente a más de 800 detenidos—, y organizaciones como la CIDH han denunciado la existencia de centros de detención clandestinos, mientras familiares de presos claman por más gestos humanitarios.
