La Audiencia Nacional cierra la investigación en España; posible investigación en el extranjero queda abierta
La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar la denuncia presentada contra Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata, al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos señalados. Con esta resolución, la causa queda anulada en España por la vía judicial nacional, poniendo fin a un proceso que había generado amplio debate mediático en las últimas semanas.
Según el documento oficial, uno de los factores determinantes fue que los presuntos hechos no habrían ocurrido en territorio español, sino en la República Dominicana, país donde el cantante reside desde hace años. Esa circunstancia impidió que se cumplieran los criterios de territorialidad y otras conexiones materiales exigidas por la ley española para ejercer competencia sobre el caso.
La Fiscalía explicó que no concurren los requisitos del principio de personalidad activa ni otras bases legales que permitan a los tribunales españoles asumir la investigación. En términos prácticos, el escrito señala que España no puede juzgar presuntos delitos que, según la acusación, ocurrieron fuera de su territorio y sin vínculos jurídicos suficientes que justifiquen la intervención de la Audiencia Nacional.
Desde el inicio del proceso, la defensa de Julio Iglesias, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, sostuvo que los tribunales españoles no eran competentes y subrayó que hasta ahora no existe una denuncia formal ante las autoridades de la República Dominicana. Ese argumento reforzó la postura de la defensa y fue tomado en cuenta por la Fiscalía al evaluar la falta de base legal para continuar con las diligencias en España.
Tras la notificación del archivo, Julio Iglesias publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó alivio y reiteró su inocencia, pidiendo respeto para su privacidad y la de su familia. Aunque la denuncia queda cerrada de manera definitiva en territorio español, el escrito oficial aclara que nada impide que la justicia de otro país investigue los hechos si se presenta una denuncia formal y existen los elementos legales necesarios; por ahora, el artista queda libre de procesos judiciales en España mientras el debate público continúa.
