Operadores sin licencia vigente y exceso de velocidad, las líneas centrales del caso
El accidente del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre dejó 14 personas muertas y abrió una investigación que ha revelado irregularidades administrativas y operativas. Según la Fiscalía General de la República, los dos operadores involucrados, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Erasmo Canteros Méndez, no contaban con licencia ferroviaria vigente al momento del siniestro, un requisito que debe expedir la autoridad federal.
En las indagatorias se determinó que Felipe de Jesús Díaz Gómez no accionó la válvula de frenado de emergencia al percatarse de que la máquina circulaba a exceso de velocidad al entrar en el tramo de curvas en el kilómetro Z 230+290, en Nizanda, Oaxaca. Ese fallo en la reacción operativa se considera clave para entender por qué no se logró reducir la velocidad antes del punto crítico donde ocurrió el descarrilamiento.
A Erasmo Canteros Méndez, señalado como operador de la máquina principal que arrastraba el convoy, se le atribuye haber acelerado hasta 65 km/h en la zona de curvas, cuando el límite establecido para ese tramo es de 50 km/h. Los registros de la “caja negra” muestran además picos de hasta 111 km/h en tramos rectos, muy por encima del límite de 70 km/h en esos sectores, lo que refuerza la hipótesis de exceso de velocidad como factor determinante.
La FGR imputó también a Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Tren Interoceánico, por presunta omisión en la supervisión administrativa de los maquinistas y por no intervenir tras el descarrilamiento. Hasta ahora han sido detenidos Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón; la orden de captura contra Erasmo Canteros Méndez permanece pendiente de cumplimentar, mientras la carpeta se judicializó por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Las pericias técnicas sobre la máquina y la infraestructura de la vía —incluidos frenos, superestructura, durmientes, balasto y terraplenes— no detectaron fallas que expliquen el accidente, por lo que las autoridades mantienen como principal línea de investigación el exceso de velocidad y las decisiones operativas previas al siniestro. La FGR continúa recabando pruebas para sustentar las imputaciones y esclarecer responsabilidades.
