Familias palestinas enfrentan órdenes de salida mientras colonos consolidan presencia cerca de Al Aqsa
En el barrio de Silwan, al sur de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén Este, Kayed Rajabi y sus vecinos recibieron órdenes de desalojo a favor de la organización de colonos Ateret Cohanim, que ya controla parte del distrito. La vivienda de Rajabi está rodeada por edificios donde ondean grandes banderas israelíes, señal visible de la presencia de colonos que, según residentes, comenzaron a adquirir inmuebles en la zona desde 2004 y han logrado hacerse con decenas de edificios, en muchos casos tras desalojos forzosos.
Rajabi figura entre las 32 familias a las que se les ordenó abandonar sus hogares; a él y a sus hermanos se les dio como plazo el final del Ramadán, a mediados de marzo, según una orden de la Corte Suprema de Israel que mostró a la prensa. El hombre relató que su familia vive en esa casa desde 1967 y que el terreno fue comprado a un oficial jordano, por lo que rechaza la versión de los colonos sobre la titularidad histórica del lugar. Daniel Luria, director general de Ateret Cohanim, calificó a los palestinos de “ocupantes ilegales” y aseguró que el terreno perteneció a judíos yemeníes antes de 1929; Rajabi negó esa afirmación.
El conflicto en Silwan se inscribe en un marco más amplio: los palestinos reclaman Jerusalén Este para un futuro Estado y advierten que perder sus hogares allí podría cerrar esa posibilidad de forma irreversible. En paralelo, figuras del gobierno israelí como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich han expresado posturas que algunos interpretan como contrarias a la idea de un Estado palestino, mientras que Israel mantiene que Jerusalén es su capital y ha promovido asentamientos en zonas mayoritariamente palestinas, una política no reconocida por la comunidad internacional.
Las tensiones se han intensificado desde octubre de 2023, cuando el ataque de Hamás y la subsiguiente guerra en Gaza elevaron la conflictividad en la ciudad; las incursiones de colonos y los enfrentamientos puntuales se han vuelto más frecuentes, especialmente en áreas próximas a Al Aqsa, un lugar de alta sensibilidad religiosa y política. Organizaciones internacionales y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han pedido a Israel detener la actividad de asentamiento, pero los sucesivos gobiernos israelíes defienden esas políticas como necesarias para la seguridad nacional.
Frente a la presión, Ateret Cohanim ofreció compensaciones económicas a algunos residentes para que vendieran sus casas; Rajabi asegura haber rechazado incluso un “cheque en blanco” y afirma que la mayoría de las familias se niegan a marcharse. Con los precios de alquiler en Jerusalén al alza, muchos afectados temen no encontrar alternativa habitacional: “La gente vivirá en la calle”, advirtió Rajabi, subrayando la incertidumbre y el riesgo de desplazamiento forzado que enfrentan numerosas familias en Silwan.
