Denuncia ante Palacio Nacional por detenciones sucesivas y “reciclaje penal”
El exalcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, solicitó formalmente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum mediante una carta pública en la que denuncia una presunta estructura de persecución institucional en Veracruz. En el documento acusa a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial local de operar mecanismos destinados a mantenerlo en prisión de forma ininterrumpida, mediante detenciones sucesivas y la apertura de carpetas de investigación que califica como fabricadas.
Gómez Martínez sostiene que su proceso ha estado marcado por irregularidades desde 2021 y que, aun cuando ha obtenido amparos federales que invalidan pruebas del Ministerio Público estatal, las autoridades locales emiten nuevas órdenes de aprehensión de inmediato para evitar su liberación. Su defensa técnica describe ese patrón como “reciclaje penal”, un procedimiento en el que se sustituye o renueva la imputación para prolongar la privación de la libertad.
En la misiva también se relatan hechos graves durante su detención inicial por elementos de la Fuerza Civil, donde el exalcalde denuncia haber sido víctima de tortura y de una desaparición forzada transitoria con el supuesto objetivo de forzar una autoincriminación. El expediente indica que las imputaciones originales incluyeron ultrajes a la autoridad —delito que la Suprema Corte declaró inconstitucional— y posesión de armas, cargos que han ido variando con el tiempo.
A lo largo de 2023 la justicia federal le concedió un amparo al acreditarse la fabricación de pruebas, pero al salir del penal fue reaprehendido por la presunta autoría intelectual de un homicidio; en ese caso, otros implicados, incluida una exdiputada federal, recuperaron su libertad tras un año de proceso. A inicios de 2026, tras un periodo bajo resguardo domiciliario, fue nuevamente ingresado a prisión por una acusación de “fuga de combustible” y, ante la falta de pruebas, la Fiscalía ejecutó otra orden por un presunto despojo de 2020.
Los abogados de Gómez Martínez argumentan que el delito de despojo no amerita prisión preventiva oficiosa según el Código Nacional de Procedimientos Penales y sostienen que la insistencia en mantenerlo en prisión responde a una consigna política más que a criterios jurídicos. En su carta a Palacio Nacional pide revisar el actuar de los jueces de control en Veracruz, a quienes acusa de desatender sistemáticamente las resoluciones de tribunales colegiados y jueces de distrito.
