Nuevos documentos sobre Epstein reavivan acusaciones y presionan a la monarquía
La publicación de archivos desclasificados el 30 de enero reavivó la controversia en torno a Andrew Mountbatten‑Windsor, hermano del rey Carlos III, al incluir supuesta información comprometedora vinculada a su relación con Jeffrey Epstein. Tras la difusión de esos documentos, la Policía del Valle del Támesis confirmó que está evaluando denuncias relacionadas con un posible uso indebido de información confidencial durante el periodo en que Andrés actuó como enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión, entre 2001 y 2011.
Los señalamientos apuntan a que el príncipe habría compartido informes oficiales con Epstein, lo que, de comprobarse, podría constituir una violación de la confianza pública o de la Ley de Secretos Oficiales y derivar en un proceso penal. A diferencia del monarca, Andrés no goza de inmunidad soberana, por lo que, en teoría, podría ser procesado como cualquier ciudadano si las investigaciones reúnen pruebas suficientes.
Además de las posibles filtraciones de información, los documentos difundidos incluyen referencias a vuelos del avión privado de Epstein que habrían aterrizado en el Reino Unido en varias ocasiones, incluso tras la condena de 2008. En ese contexto se estudian también acusaciones relacionadas con presunto tráfico sexual; algunas fuentes señalan traslados de víctimas, aunque esas imputaciones deberán ser probadas en sede judicial antes de cualquier determinación.
La presión política aumentó cuando el ex primer ministro Gordon Brown pidió una investigación criminal exhaustiva que no se limite a faltas administrativas. Desde el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III expresó su respaldo a que se lleven a cabo las pesquisas necesarias, subrayando que la ley debe seguir su curso; al mismo tiempo, se recuerda que estar bajo investigación no equivale a culpabilidad y que el proceso judicial puede ser largo y complejo.
Expertos legales consultados señalan que, si la policía decide avanzar formalmente, lo habitual sería invitar al investigado a una entrevista voluntaria y, solo en caso de riesgo de obstrucción o fuga, valorar una detención. El caso pasaría luego al Servicio Fiscal de la Corona para decidir si procede el procesamiento; en caso de cargos, las penas por delitos graves pueden ser severas, aunque la sanción final dependerá de la solidez de las pruebas y de múltiples factores procesales. Andrés ha negado reiteradamente cualquier delito, pero la situación representa un desafío significativo para su imagen pública y para la institución monárquica.
