Starmer impulsa cambios en la Online Safety Act para proteger a niños frente a riesgos digitales e inteligencia artificial
El Gobierno británico estudia introducir en 2026 una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, siguiendo el ejemplo de Australia, y cerrar vacíos legales que hoy dejan fuera a ciertos chatbots de inteligencia artificial de la normativa de seguridad en línea. La iniciativa forma parte de la estrategia del primer ministro Keir Starmer para acelerar la respuesta institucional ante los riesgos digitales que afectan a niños y adolescentes, en un contexto de presión internacional sobre las grandes plataformas tecnológicas.
El Ejecutivo abrió recientemente una consulta pública sobre la restricción de redes sociales a menores y prevé presentar cambios legislativos en los meses siguientes. La medida se plantearía como una enmienda a la Online Safety Act 2023, pero esa ley no cubre actualmente las interacciones individuales con chatbots si no implican compartir contenido con otros usuarios, lo que ha quedado señalado como una laguna que el Gobierno quiere subsanar.
La ministra de Tecnología, Liz Kendall, anunció que el Ejecutivo presentará propuestas antes de junio para regular las IA conversacionales y proteger a menores frente a interacciones no diseñadas con estándares de protección infantil. El debate se intensificó tras informes sobre chatbots que generaron contenidos sexualizados no consentidos, lo que encendió las alarmas y motivó que otros países europeos estudien prohibiciones similares a la de Australia.
Además de la restricción de edad, la consulta contempla medidas prácticas como órdenes automáticas de conservación de datos cuando fallece un menor, límites al emparejamiento con desconocidos en consolas de videojuegos y la prohibición de la preselección de servicios o el envío de imágenes íntimas entre menores. Las empresas tecnológicas serían responsables de garantizar el cumplimiento, aunque la definición jurídica de “red social” y la viabilidad técnica de algunas medidas siguen siendo puntos críticos en la discusión.
Las propuestas han generado tensiones internacionales por su posible impacto en la libertad de expresión y la privacidad, y han abierto un debate más amplio sobre la gobernanza de la IA y sus efectos en el empleo. Mientras expertos en protección infantil mayoritariamente respaldan la intención de reforzar salvaguardas, advierten riesgos de desplazamiento de actividades hacia espacios menos regulados y de un “efecto precipicio” cuando los jóvenes cumplan la edad límite; el resultado de la consulta y la reforma prevista marcarán un precedente relevante para Europa.
