El caso que sacudió a México y Francia concluye con una sentencia absolutoria y deja al descubierto las fallas del sistema judicial, el uso de tortura y el papel de las autoridades en un operativo televisado.
Después de pasar casi dos décadas en prisión preventiva, Israel Vallarta fue absuelto por un juez federal que concluyó que no había pruebas suficientes para vincularlo con delitos como secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. Al salir del penal del Altiplano, Vallarta expresó que siempre confió en que la verdad saldría a la luz.
Vallarta fue detenido en 2005 junto a su entonces pareja, la francesa Florence Cassez, en un operativo televisado que luego se reveló como un montaje. La escena fue organizada por la Agencia Federal de Investigación, dirigida por Genaro García Luna, y se convirtió en uno de los escándalos más graves del sistema judicial mexicano.
El caso generó tensiones diplomáticas entre México y Francia. Mientras Cassez fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, Vallarta permaneció encarcelado, convirtiéndose en símbolo de la corrupción policial y la injusticia en el país. Su historia ha sido retratada en libros, series y documentales.
Durante su encierro, Vallarta denunció tortura y enfrentó un proceso lleno de obstáculos jurídicos. La Defensoría Pública y el Comité contra la Tortura de la ONU intervinieron en su defensa, solicitando medidas alternativas por el deterioro de su salud. A pesar de todo, él insistió en obtener una sentencia absolutoria.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Vallarta tiene derecho a solicitar reparación del daño por su encarcelamiento injusto. También señaló al gobierno de Felipe Calderón como responsable del montaje y de una política de seguridad que, lejos de proteger, se alió con intereses delictivos.
