Esta es la iniciativa con la que se plantea acabar con el mercado negro.
La iniciativa y el proyecto de decreto para una nueva Ley General de Aguas, junto con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se discuten ahora en la Cámara de Diputados, son calificados por legisladores de distintos partidos como un cambio de gran magnitud comparable, en su alcance social y estructural, con la reforma agraria de 1917. Diputados de Morena, PAN, MC, PRI y Verde han coincidido en que no se trata de ajustes menores sino de una reconfiguración profunda del marco jurídico y administrativo que regula el agua en México, lo que explica la atención política y mediática que ha cobrado la propuesta.
El Ejecutivo plantea tres ejes centrales que buscan transformar el acceso y la gestión del agua: el reconocimiento del derecho humano al agua garantizando 60 litros diarios por persona para uso personal y doméstico sin costo; la recuperación por parte del Estado de la rectoría del recurso para eliminar mercados negros y prácticas especulativas; y la regulación estricta de concesiones para prevenir transferencias, herencias o ventas que fomenten ilegalidad y corrupción. Estas propuestas derivan en cambios operativos y normativos que afectarían desde usuarios domésticos hasta grandes explotadores.
Para avanzar en el análisis técnico y legal de la iniciativa, hoy se realiza en San Lázaro una reunión entre la comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, representantes de la Presidencia de la República y el departamento jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El encuentro tiene el propósito de revisar el estatus del proyecto enviado al Legislativo el 8 de octubre de 2025 y discutir observaciones, impactos y mecanismos de aplicación, en un contexto donde la agenda busca acelerarse para que la iniciativa pueda discutirse en el periodo que concluye el 30 de noviembre.
La urgencia legislativa ha motivado el diálogo con distintos sectores, entre ellos el empresarial y el agropecuario, y ha generado propuestas y contrapropuestas sobre puntos específicos como las sanciones, los procesos de concesión y las implicaciones económicas. Empresarios como Eduardo Fuhrken, vicepresidente del Sector Privado Empresarial de Durango, relataron a Excélsior que en reuniones con diputados subrayaron que, si bien la ley vigente tiene más de cuatro décadas y requiere actualización, resulta necesario ajustar ciertos temas para evitar efectos adversos en la producción y el empleo. El intercambio entre representantes del sector privado y legisladores pretende afinar el texto sin obstaculizar la intención de modernizar el marco legal.
Entre los cambios más contundentes del proyecto figura la prohibición de comercializar o transferir de cualquier forma los volúmenes de agua asignados en títulos de concesión o permisos; el Capítulo IV, sobre infracciones y sanciones administrativas, busca tipificar como falta grave la cesión, suministro o intercambio con terceros del derecho sobre el agua, eliminando la posibilidad de que el recurso funcione como mercancía negociable entre particulares. Además, se plantea un nuevo esquema de concesiones con revisiones anuales basadas en el aprovechamiento efectivo, cruzando el volumen de agua utilizado con la producción agrícola o el rendimiento alcanzado en ese lapso, lo que introduce criterios de eficiencia y control que antes no eran exigidos periódicamente.
