Denuncia, favores y un vínculo familiar que complica la vigilancia interna del IPN
A través de correo electrónico se mandó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, contra Mireya María Zuleta Monsiváis, titular del Órgano Interno de Control (OIC). En el correo se acusa a la funcionaria de ejercer actos de intimidación y hostigamiento laboral contra personal a su cargo, además de que esas conductas podrían servir como una “cortina de humo” para impedir la divulgación de presuntas irregularidades en la institución.
Empresas proveedoras y otros interesados han señalado anomalías en la actuación del OIC del IPN, denunciando favoritismo para determinadas compañías y reuniones de la titular con representantes de firmas que califican como “muy sospechosas”. Estas secciones anuncian que se estarían preparando denuncias para que las autoridades investiguen posibles conflictos de interés y verifiquen la legalidad de los procedimientos internos.
A todo esto se suma un antecedente familiar que ha sido tomado en cuenta en la denuncia: A Benjamín Zuleta Monsiváis, identificado como el supuesto hermano de la funcionaria, se le imputó una sentencia por fraude genérico continuado. La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó que, en efecto, la pena fue de siete años y seis meses, además de una multa y la reparación del daño, en un expediente que remitió a hechos ocurridos entre 2005 y 2009.
De acuerdo con el expediente judicial, el hermano, en su labor como contador, simuló declaraciones y pagos de impuestos de un cliente; se documentó la expedición de 61 cheques usados como supuestos comprobantes de entregas a la autoridad fiscal; sin embargo, las operaciones no se acreditaron ante el SAT. Durante el proceso también se detectó la presentación de copias de recibos bancarios y la ausencia de registros fiscales coincidentes, lo cual ayudó a confirmar su responsabilidad penal y la sanción impuesta por los magistrados.
Las autoridades competentes ahora deben determinar si en verdad existen irregularidades en la actuación de la titular del OIC del IPN y, de ser así, establecer responsabilidades administrativas o incluso penales. Por ahora, la denuncia y las advertencias de proveedores mantienen la presión para que se abra una investigación que pruebe las posibles vulneraciones a la transparencia.
