La Casa Blanca, tras la recomendación de la secretaria de Seguridad Nacional, plantea endurecer las restricciones migratorias; defensores de derechos humanos advierten del impacto humanitario.
La Casa Blanca de Donald Trump evalúa ampliar de 19 a 30 los países sujetos a restricciones migratorias, tras la recomendación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de imponer “una prohibición total de viajes” a naciones que, según ella, han enviado lo que calificó como “invasores” a Estados Unidos. La propuesta, citada por una fuente a NBC News y por declaraciones públicas de la funcionaria, forma parte de la línea dura del Gobierno en materia migratoria y se enmarca en las medidas de seguridad que la administración sostiene necesarias para proteger intereses nacionales.
Noem reforzó su postura en redes sociales tras reunirse con el presidente, pidiendo vetos amplios contra países que, en su opinión, “han estado inundando nuestra nación” con delincuentes y dependientes de beneficios sociales. La Casa Blanca acompañó esas declaraciones con una proclama previa que justifica la necesidad de actuar para salvaguardar la seguridad nacional y los intereses del pueblo estadounidense, aunque no ofreció aún un listado concreto de naciones adicionales ni el alcance exacto de las restricciones.
El endurecimiento llega en un contexto tenso tras un incidente reciente en el que un inmigrante afgano fue acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. A raíz de ese ataque, la administración anunció la congelación temporal de solicitudes de asilo mientras revisa los estándares aplicables y paralizó trámites migratorios para ciudadanos afganos, incluidos algunos que habían colaborado con fuerzas estadounidenses; Noem advirtió que los procesos de asilo seguirían suspendidos y que sus solicitantes podrían ser deportados.
En junio, la administración ya había restablecido una prohibición total de viaje para ciudadanos de 12 países —entre ellos Afganistán, Irán, Libia, Somalia y Yemen— y restricciones parciales para otros siete, manteniendo exenciones para residentes permanentes legales, ciertos visados especiales y casos humanitarios. El Gobierno ampara estas decisiones en un informe interagencial de seguridad y en la autoridad presidencial del artículo 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite suspender la entrada de extranjeros cuando su ingreso se considere perjudicial para los intereses de Estados Unidos.
La posible ampliación del veto se apoyaría en el mismo marco legal, aunque defensores de migrantes y organizaciones de derechos civiles han cuestionado la eficacia y el impacto humanitario de las listas por el riesgo de penalizar a solicitantes de refugio sin un análisis individual. El Ejecutivo sostiene que la gravedad de la amenaza exige medidas extraordinarias y mantiene exenciones limitadas; mientras tanto, la administración enfrenta mayor presión diplomática y militar sobre regímenes señalados por Washington y revisa los estándares de “miedo creíble” con la promesa de reactivar los procesos de asilo una vez implementados los nuevos protocolos.
