Fiscalía de Michoacán ejecuta órdenes de aprehensión por más de 6.4 millones de pesos
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Michoacán informó sobre la captura de Francisco Javier N., quien fungió como presidente municipal de Copándaro durante el periodo 2008-2011, por su presunta participación en el desvío de más de 6.4 millones de pesos del erario público. Según la dependencia, la investigación se originó por irregularidades detectadas en el manejo de recursos en 2010 y derivó en la solicitud y obtención de órdenes de aprehensión contra el exalcalde.
En el mismo operativo fue detenida Sandra N., exdirectora de Obras Públicas en la administración señalada, a quien la Fiscalía identifica como presunta cómplice en los hechos. Las autoridades sostienen que ambos funcionarios habrían participado en la disposición indebida de fondos que estaban destinados a obras y servicios públicos, por lo que fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación legal.
Los recursos en cuestión estaban etiquetados para proyectos de rehabilitación, mantenimiento y eficientización del sistema de agua potable en diversas comunidades de Copándaro, obras consideradas prioritarias para garantizar el acceso al servicio. La FECC señala que, tras las indagatorias, se concluyó que los montos no fueron aplicados conforme a su finalidad, lo que habría provocado un daño patrimonial superior a los 6.4 millones de pesos.
El delito que se les imputa es peculado, tipificado cuando un servidor público utiliza recursos del Estado para fines distintos a los autorizados o en beneficio indebido propio o de terceros. El Ministerio Público integró la carpeta de investigación, presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial y obtuvo las órdenes de aprehensión que posteriormente fueron ejecutadas conforme a derecho.
La Fiscalía indicó que este caso forma parte de una estrategia más amplia para sancionar presuntos actos de corrupción en administraciones municipales anteriores, especialmente aquellos relacionados con el desvío de recursos destinados a obra pública y servicios básicos. Las indagatorias continúan abiertas y no se descarta que surjan nuevas responsabilidades o que se amplíen las líneas de investigación.
