Culiacán, Sinaloa.- Diputadas locales María Teresa Guerra Ochoa y Érika Rubí Martínez Rodríguez, suspenden iniciativa para evitar polémica de censura; las cuales consistían en supuestamente combatir la violencia digital y política contra las mujeres en razón de género.
La decisión de frenar la iniciativa se dio a conocer luego de una reunión que tuvieron las legisladoras de Morena con representantes de asociaciones defensoras de los derechos humanos, así como de asociaciones de periodistas de Sinaloa.
En esa reunión estuvieron presentes la directora del organismo civil Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes; el presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores “7 de Junio”, Jesús Bustamante Rivera; el periodista y analista, Alejandro Sicairos Rivas; o la defensora de derechos humanos, Ximena con X.
La iniciativa formulada por Tere Guerra, trataba de modificar el artículo 354 del Código Penal del Estado, para agregar un capítulo sobre la violencia política contra la mujer. En una de sus fracciones, dicha propuesta de reforma contemplaba como violencia política.
“Difame, calumnie, injurie, desprestigie, realice campañas de suplantación de identidad, difusión de imágenes o audios manipulados, edición o alteración de información, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación o inteligencia artificial, así como la creación de cuentas falsas en redes sociales, con el objetivo de desacreditar, denigrar o poner en entredicho la capacidad de una mujer para ejercer funciones públicas, o en menoscabo de sus derechos políticos o electorales”.
En tanto que en otra iniciativa, también de Tere Guerra en conjunto con la Diputada Érika Martínez, se pretendía reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado. A la primera normativa buscaron añadirle un capítulo para tipificar como delito la violencia digital.
Según la iniciativa, este acto sería cuando “de manera dolosa y mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos, reales o simulados, de una o varias personas, con el propósito de difamar, desprestigiar, calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o causar daño físico, psicológico, emocional, económico o simbólico, en cualquier ámbito de su vida pública, privada o en su imagen personal”.
La propuesta de las diputadas era imponer de dos a cinco años de prisión por este delito, con una sanción económica de 400 a 800 días de multa.
En el proyecto contemplaban variantes como la creación de perfiles falsos, usurpación de identidades y difusión de campañas de desprestigio de datos personales para calumniar, intimidar, violentar, despolitizar, amenazar o generar temor y daño psicológico, económico, íntimo, patrimonial o cualesquier otro.
La iniciativa suspendida indicaba que, durante un proceso judicial por presunta violencia digital, las autoridades podrían interrumpir, bloquear, destruir o eliminar el texto, imágenes, audios o videos relacionados con la violencia digital, mediática o sistematizada.
Ambas iniciativas canceladas por sus autoras habían tenido la segunda lectura en el Pleno del Congreso, por lo que se encontraban en proceso de pasar a las comisiones correspondientes para ser dictaminadas.
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