Aumentan los amparos contra la baja salarial
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Por La Gaceta.me 10 Diciembre 2018
Hasta ahora ya van más de 4 mil quejosos, entre ellos 610 funcionarios de dependencias federales como PGR, CFE, SAT, y de organismos autónomos.
Las intenciones del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador de obligar a que nadie gane más de 108 mil pesos mensuales en la administración pública federal abrió más frentes en su contra porque funcionarios de dependencias federales, órganos autónomos y paraestatales se sumaron a la batalla judicial contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que entró en vigor en septiembre pasado.
Entre los que promovieron amparos destacan funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Nacional Electoral (INE). MILENIO consultó a autoridades federales y judiciales, quienes señalaron que hasta el momento suman 862 demandas de amparo contra el mencionado estatuto, que corresponden a 4 mil 74 personas, de las cuales 351 son jueces, 383 magistrados, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales y 610 externos, pertenecientes a PGR, Cofece, Pemex, IPN, CFE, Cisen, INE y SAT. Explicaron que el conteo se realizó de acuerdo con el escrito de demanda, donde se anuncia el número de amparados, pero al ver las firmas no están todas recabadas, por lo que puntualizaron que durante el curso del juicio los que faltan ya se presentan a firmar la demanda. La semana pasada sumaban 512 demandas de garantías presentadas, que correspondían a 2 mil 835 quejosos, de los cuales 331 son jueces, 366, magistrados; mil 37 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales judiciales y 175 externos.
Los funcionarios consultados dejaron claro que los externos no interpusieron el denominado “amparo modelo”, porque dicha demanda de garantías es exclusiva para funcionarios del Poder Judicial de la Federación, la cual fue elaborada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, con el que están dispuestos a enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión, cuya mayoría la tiene el partido Morena, afín a López Obrador. Este lunes, la asociación ofrecerá un mensaje en el Palacio de Justicia Federal, tras las declaraciones del Presidente de la República, quien calificó de deshonestos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber congelado dicha ley.
Antecedentes
El pasado viernes, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que la minoría del Senado de la República interpuso contra el estatuto y concedió la suspensión que impide que la ley se aplique en dichos términos a comienzos de 2019. Por esta razón, la ley permanecerá congelada hasta en tanto la Corte se pronuncia si es constitucional o no el estatuto que establece que ni un servidor público federal puede ganar más que el Presidente de la República, a quien se le fijó un tope salarial de 108 mil pesos mensuales, tal y como lo propuso López Obrador. En el acuerdo del ministro Pérez Dayán se señala: “Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada (por la minoría de oposición en el Senado) para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019 no sean fijados en términos de la ley reclamada hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia…”. Lo anterior provocó las reacciones de Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y de Ricardo Monreal, coordinador de Morena, quienes se pronunciaron contra la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. Señalaron que la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los dirigentes de las fracciones parlamentarias de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza es una farsa y advirtieron que seguirán luchando para que los salarios sean reducidos. /Milenio.
