Una banda rumana colocó en 2014 un centenar de cajeros automáticos en los principales destinos turísticos de México. 

Las máquinas alteradas clonaban las tarjetas de los usuarios, principalmente turistas extranjeros. El robo saqueó las cuentas de los clientes al ritmo de 240 millones de dólares anuales hasta que la operación fue desmantelada por las autoridades mexicanas, a mediados de 2019. 

El esquema elaborado a través de la empresa fachada Top Life Servicios habría trasladado en total 1.200 millones de dólares a las cuentas de los criminales en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

“Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados... En promedio cada máquina copiaba cada mes unas 1.000 tarjetas. Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes”, declaró un exintegrante de la banda que ha colaborado con la Fiscalía de Rumanía para explicar una enorme operación que teje redes criminales entre tres continentes y cuyo centro de operaciones estaba en la Riviera Maya, según ha reconstruido una investigación de Organized Crime and Corruption Reporting Project, mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la organización Quinto Elemento Lab y Rise Project.  

Los periodistas revisaron 15.000 páginas de la investigación elaborada por autoridades mexicanas y rumanas. 

El banco afectado fue Multiva, una institución operada por Olegario Vázquez Aldir, uno de los empresarios de mayor perfil en México e integrante del consejo empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Multiva firmó en marzo de 2014 un contrato con Top Life Servicios para instalar cajeros Intacash en localidades turísticas del Estado de Quintana Roo; en Puerto Vallarta, Jalisco; Sayulita, Nayarit y Cabo San Lucas, Baja California Sur. Todos concurridos sitios de descanso para turistas extranjeros. El banco ha señalado que no tenía conocimiento de las operaciones que realizaba esta empresa hasta que fue detenido en Cancún su dueño, Florian Tudor, el 30 de marzo de 2019 por portar armas de alto calibre. 

Tudor, apodado Rechinu (tiburón en rumano), es señalado por las autoridades como la cabecilla de la banda. Este ingeniero de 44 años vivió en Italia, donde fue detenido por el robo de varios camiones de carga. La vasta operación criminal le permitió recaudar una robusta fortuna, lo que lo ayudó a hacerse pasar por un empresario inmobiliario afincado en Cancún. El emporio de El Tiburón, construido con su mano derecha, un narcotraficante rumano de bajo perfil llamado Adrián Constantin Tiugan, que entró a México con documentación falsa, le permitió crear una inmobiliaria. 

La investigación periodística, que tomó ocho meses de desarrollo, asegura que Tudor contaba con la protección de políticos estatales de Quintana Roo. Javier Ocampo, el exdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General, apuntó a un funcionario de alto rango del Gobierno de Carlos Joaquín González (PAN-PRD).  

En 2019, Tudor fue liberado poco después de su detención gracias a un amparo a pesar de haber sido arrestado en posesión de tres armas y 500.000 pesos (23.000 dólares al tipo de cambio de hoy). El Tiburón ofreció una conferencia de prensa en marzo de 2020 donde aseguró que la ofensiva en su contra se debía a que se había negado a pagar extorsiones a las autoridades locales.  

En aquella ocasión también dijo que había sido torturado durante su detención y que la policía le robó 67 millones de pesos durante las pesquisas en sus propiedades. Ocampo fue cesado a finales de 2019 como funcionario de la Fiscalía, pero mantiene su voluntad de denunciar en contra de la banda de Tudor. 

El empresario rumano está en el centro de la diana para el FBI. Los agentes estadounidense se reunió en Bucarest con sus contrapartes rumanas y mexicanas en mayo de 2019 para coordinar una gran investigación que dejara al descubierto los fraudes de Tudor con las clonaciones de tarjetas. El FBI seguía la pista de una serie de clonaciones de tarjetas similares que se habían hecho en cajeros de Nueva York. En enero de este año, la Fiscalía de Rumanía formalizó las acusaciones de delincuencia organizada contra Tudor, que permanece en libertad y quien ahora echa un pulso para vencer a las autoridades locales que lo han investigado.