El presidente, Donald Trump, extenderá hasta final de año mediante una nueva orden ejecutiva las restricciones de visados y green cards impuestas el 22 de abril, que caducaban este lunes, según han informado fuentes de la Casa Blanca. Además, ampliará este veto migratorio, de forma que afecten a trabajadores cualificados con visado H-1B y a empleados temporales con permiso H-2B, que trabajan en hostelería y servicios. 

El motivo alegado por el presidente, tanto entonces como ahora, es la pandemia del coronavirus, que ha causado ya más de 120,000 muertos en el país, y la crisis económica ocasionada por las medidas para contenerla. No hay evidencia de que la inmigración, legal o ilegal, al país esté haciendo crecer el número de contagios. 

La orden ejecutiva anunciada este martes puede afectar a hasta 240,000 trabajadores extranjeros, aunque también incluye, como la anterior, amplias exenciones. No se verán afectados los trabajadores agrícolas o de la industria alimenticia. En total, la Casa Blanca espera que afecte a más de medio millón de empleos, que serían ocupados por estadounidenses.  

En abril, el presidente firmó “una proclamación” que impedía durante 60 días la entrada de inmigrantes que no contaran ya con una visa en vigor, restringía la concesión de residencias permanentes, y cerraba la frontera a solicitantes de asilo. 

Quería así que los desempleados estadounidenses (21 millones, según la cifra de mayo del Departamento de Trabajo) fueran “los primeros en línea para los trabajos cuando se reabra la economía”, y “reservar los servicios de salud para los pacientes estadounidenses”. 

¿Las personas que recibieron ayuda por el COVID-19 pero que aún no tienen ‘green card’ deben devolverla? 

Quedaban exentos de estas restricciones, entre otros, las peticiones de residencia permanente para cónyuges e hijos menores de 21 años, por ejemplo, y los visados para trabajadores extranjeros del sector de la salud. Tampoco se vieron afectados los cientos de miles de inmigrantes que ya viven en el país con una visa o green card. 

La nueva orden ejecutiva extiende hasta final de año estas restricciones, pero además expande su alcance al bloquear la concesión de visados H-1B para trabajadores de alta cualificación, así como los permisos temporales H-2B para trabajadores de temporada que se dedican a la jardinería, la construcción y la hostelería (mucamas, meseras, etcétera). 

En esta última categoría, quedan exentos los trabajadores de la industria alimenticia (por ejemplo, de procesadoras de carne).  

Los trabajadores del campo, con visado H-2A, tampoco se ven afectados por la orden ejecutiva. 

La medida puede afectar así a un cuarto de millón de extranjeros que buscan inmigrar a Estados Unidos para trabajar legalmente: durante el año fiscal 2019 (de octubre de 2018 a septiembre de 2019) se otorgaron más de 130,0000 visas H-1B, y 98,000 visas H-2B. 

La orden afecta también a las visas L-1, destinadas a ejecutivos de grandes compañías; a determinadas visas J para estudiantes (los profesores no se verán afectados ni las au-pairs, quienes ayudan a cuidar niños); y a las visas H-4A, para los cónyuges e hijos de aquellos que tienen permisos H-1B.  

A estas prohibiciones se suma que las oficinas consulares y embajadas en el extranjero no están emitiendo visados de entrada al país, y tanto la frontera con México como la canadiense están cerradas a los viajes no esenciales, de forma que todos lo que llegan allí a solicitar asilo, aunque tengan motivos para ello, son devueltos en cuestión de horas.