El infierno de Malena, quemada con ácido en Oaxaca
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Por La Gaceta.me 18 Diciembre 2019
María Elena Ríos, de 26 años, acusa a su expareja, un empresario y exdiputado local del Estado del sur de México de haber ordenado el ataque. Tres meses después, no hay detenidos
Mientras el ácido abrasaba su piel, en medio de la agonía en la camilla de una ambulancia, marcó su número. "Fuiste tú. Lo sé". El rostro de María Elena Ríos, de 26 años, se estaba borrando. El químico penetraba sus mejillas, su boca, su cuello, su pecho, sus brazos, sus piernas. Y su piel había entrado en una cruel carrera contra reloj para volver a ser ella misma. Tres meses después, no lo ha conseguido. Lleva 100 días encerrada en hospitales. El hombre que le roció el 9 de septiembre en su casa de Huajuapan de León (Oaxaca, México) un bote con ácido y que quemó la mitad de su cuerpo, sigue libre.
"Mejor me hubiera matado", le dijo hace dos días a su hermana Silvia. Los médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación de Quemados de la capital mexicana han pronosticado un tratamiento de años para su recuperación, ha perdido un ojo y la movilidad de la mitad de su cara. Le han injertado piel de su espalda que no ha aceptado su cuerpo, en carne viva.
El infierno de Malena, como la llaman en su familia, empezó hace dos años. Estudió Comunicación Social en Puebla y Saxofón en el Conservatorio de Música de la misma entidad. En 2017 se abrió una vacante para un puesto en la oficina de prensa del entonces diputado Juan Vera Carrizal, del PRI, en su pueblo de Oaxaca. Y, aunque su sueño era vivir de la música, necesitaba pagarse sus cursos y comer. Aplicó. Vera Carrizal y ella comenzaron una relación poco después de que entrara a trabajar a su oficina, según el testimonio de su hermana Silvia que ha guardado cada uno de los mensajes y archivos que se enviaron durante esos años en un disco duro por miedo a que alguien de la Fiscalía pudiera borrarlos. "Eres una puta, una muerta de hambre, sin mí no vas a hacer nada...", le escribía el exdiputado, cuenta.
Una relación tormentosa que no le contó a nadie de su familia. Él, mucho mayor que ella, de 43 años —aunque Ríos sospecha que tenía más de los que él declaraba públicamente, al menos unos 50— y ella, una joven enganchada a una pareja que aparentemente la maltrataba psicológicamente. Después de que viajaran por una cuestión de trabajo a Estados Unidos y que él la forzara a tener relaciones sexuales (según el testimonio de Ríos desde el hospital), dejó el trabajo. Poco después regresaron y la relación se fue desgastando tanto que terminaron rompiendo. La última llamada que se hicieron fue en julio de este año. Él lloraba y le pedía que volvieran. Ella se negó. Siempre según lo que Malena le ha contado a su hermana desde la cama del hospital y lo que registran los mensajes de WhatsApp.
"Él era un celoso, la agredía mucho, la insultaba... Y además la seguía, no solo a ella, a mí también, para ver dónde estaba. Eso es lo que ponen los mensajes", cuenta Silvia Ríos al otro lado del teléfono. "Me ha costado mucho entender por qué mi hermana, una joven brillante, talentosa, estaba con alguien como él. Pero en este tiempo he aprendido que cada mujer es libre de estar con quien quiera y no por ello se merece que le pase algo así", señala.
"Fuiste tú", le espetó agonizando cuando la trasladaban en una ambulancia. Nadie de su familia duda de que aquel hombre, un exdiputado, dueño de gasolineras del Estado de Oaxaca y de una cadena de radio local, había ordenado el crimen. Quien vació el bote con ácido en el salón de su casa, cuentan, fue otra persona. Un hombre que acudió la mañana del 9 de septiembre porque necesitaba sus servicios. Ella se dedicaba a gestionar viajes, arreglaba los trámites para renovar o sacar pasaportes y aquel hombre la había llamado dos días antes para acordar una cita. Ese lunes estaba su madre en casa. Unas cámaras de seguridad captaron la cara del agresor en la calle. Tres meses después de lo ocurrido, no ha sido detenido nadie. Ella no lo conocía, pero está segura de que Vera Carrizal le había pagado para que cometiera el ataque. Este diario ha tratado de comunicarse con el empresario y exdiputado, pero no ha recibido respuesta.
El exdiputado se ha defendido en un programa de su cadena de radio: "María Elena Ríos trabajó conmigo y tenemos una amistad, pero eso no implica nada. Si tienes un estilo de vida sano así te va, pero si tienes un estilo de vida fuera de lo normal vas a tener problemas". No hay una orden de detención en su contra. A pesar de que la mitad de los casos de violencia de género se producen por una pareja o expareja, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), ni siquiera ha prestado una declaración en la policía.
El caso de María Elena Ríos ha irritado a un país donde la violencia contra las mujeres ha alcanzado cifras históricas. En México mueren asesinadas más de 10 mujeres al día. Casi la mitad de las mexicanas ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, el 43,9%, según el INEGI. Y donde este tipo de terror contra ellas, además de que no ha dejado de crecer en los últimos 29 años, sale prácticamente gratis: al menos ocho de cada 10 casos permanece impune.
Los casos de mujeres quemadas con ácido en México son poco comunes. Y en el Estado de María Elena Ríos, Oaxaca, ni siquiera disponían de los medios suficientes en el hospital para atenderla. La familia emprendió una batalla para que fuera atendida correctamente en un centro especializado, ninguna autoridad les proporcionó desde un inicio la ayuda que se merecía y aseguran haber gastado ya más de 200.000 pesos (más de 10.500 dólares) en un tratamiento que además ha resultado deficiente. La presión de los medios de comunicación y las redes sociales aceleraron un traslado al centro de la capital mexicana la semana pasada. "Creemos que hemos llegado demasiado tarde", cuenta Silvia Ríos, que escribió una carta al presidente López Obrador suplicando ayuda.
En este país, donde en el último año murieron asesinadas 3.752 mujeres y donde la esperanza de conseguir justicia para ellas frustra, endeuda y rompe familias completas, hay una familia que pide incluso algo más primario: que su hermana o su hija siga viviendo. "Nadie nos garantiza que, después de que la noticia pase, la presión de los medios baje, el Estado se haga cargo de los gastos médicos", advierte Silvia Ríos desde el otro lado del teléfono. Sabe que la pelea por reparar los daños de la violencia machista corre también por cuenta de las propias víctimas. /El País.
