En mérito de los contribuyentes, Mario Zamora propone límites a manejo propagandísticos de subsidios federales.
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Por Humberto González 23 Septiembre 2021
Ciudad de
México, 23 de septiembre del 2021.- El senador, Mario Zamora Gastélum presentó
una reforma al artículo 4to. de la Constitución Mexicana para fortalecer la
parcialidad, transparencia, garantiza el buen uso de los recursos públicos de
la política social, cuyo éxito es de los contribuyentes cumplidos, durante la sesión
ordinaria celebrada este jueves en el recinto legislativo.
Resaltó que
es importante reconocer a los ciudadanos que pagan impuestos con su esfuerzo y
trabajo, y que conozcan que es gracias a esa contribución como existen los
programas sociales, a los cuales puede acceder cualquier persona.
La propuesta
del senador señala que estará en discusión adiciona un párrafo para garantizar
de manera textual el acceso de todos los ciudadanos a los programas sociales;
cuya publicidad e información relativa a ellos, no podrá incluir nombres,
frases, colores, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción de cualquier
servidor público, imagen institucional del gobierno en turno o partido político,
y propone que, en toda la publicidad e información de los programas, se incluya
la leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier funcionario
público o partido político y sus recursos provienen de los recursos
presupuestales sustentados en los ingresos públicos. Queda prohibido el uso
para fines distintos al desarrollo social”.
Zamora Gastélum
señaló que los programas sociales no son propiedad del gobierno ni de algún
funcionario, sino de los propios ciudadanos.
Denunció que
en la práctica hay quienes se apropian de ellos, con el objetivo de realizar la
promoción personal, proyecto o partido político, olvidando que es una
obligación y responsabilidad del Estado el darlos; por lo que generan la
percepción de que el origen de los subsidios está en la buena intención del
funcionario público.
“Nadie puede
adjudicarse la benevolencia de construir o formular una política social
desligada del origen del gasto público y las prioridades constitucionales y
legales para su ejercicio, pues es obligación del Estado”, sentenció el
legislador mochitense.
