El gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Secretaría de Energía (Sener) en defensa de las empresas que promueven las energías limpias.

A través de un video publicado en su cuenta personal de Twitter, Alfaro Ramírez explica que procederán con esto a razón de que un acuerdo promovido por la secretaría que dirige Rocío Nahle atenta contra el desarrollo del ramo energético que no depende de hidrocarburos. 

El gobernador jalisciense se refiere a las medidas por la Sener, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en donde se acotan especificidades que reducen el margen de maniobra de las empresas dedicadas a las energías renovables que pretenden invertir en México. 

"Mediante un acuerdo de la Secretaría de Energía, el Gobierno federal le cerró la puerta a las energías limpias y con ello comprometió el futuro ambiental de México y el mundo. En Jalisco, el compromiso para enfrentar el cambio climático va en serio", publicó en su cuenta personal de esa red social. 

En el material audiovisual, el gobernador refiere que desde que se promovió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, el pasado 15 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “se limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y se prohíbe la construcción de proyectos en lugares que se considere congestionados o con poca capacidad de transmisión con lo que se pretende evitar, supuestamente, sobrecargas en la red nacional de transmisión”. 

De tal razón que Enrique Alfaro decidió tomar cartas en el asunto e informó que “el gobierno de Jalisco ha decidido combatir legalmente esta determinación del gobierno federal y presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en consonancia con lo acordado el pasado 5 de junio por los gobernadores de la alianza Noreste-Pacífico (Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Colima)”. 

El objetivo de este recurso legal es invalidar la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional bajo el argumento de que ésta afecta las atribuciones de los estados, lo cual viola los principios de federalismo en la república mexicana. 

“En concreto, sostenemos que el acuerdo de la Secretaría de Energía afecta la facultad concurrente de las entidades federativas en materia de equilibrio ecológico y la protección al ambiente, establecida en el artículo 73 de la constitución, así como también las atribuciones relacionadas con la planeación y dirección económica como una facultad originaria derivada de los artículos 39,40 y 41 de nuestra carta magna”. Es decir, que para la correcta implementación del acuerdo de promovido por la Sener se violan, al menos, cuatro artículos constitucionales. 

Asimismo, el abanderado de Movimiento Ciudadano recordó que existe una agenda climática mundial, la cual fue suscrita por México y se comprometió a reducir las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. La referencia a el Acuerdo de París y la Agenda 2030 es de carácter sanitario, pues la exposición a estos gases resulta nociva para la salud humana y los ecosistemas del mundo.

Finalmente, señaló que el mecanismo energético planteado por la normativa promulgada en mayo resulta dañino para las relaciones comerciales con distintas empresas del sector al no incentivar la libre competencia. Lo cual podría implicar una afectación de “USD 6,400 millones en inversión extranjera directa y la pérdida de 30,000 empleos en Jalisco”. 

Como alternativa al acuerdo, adelantó que propondrá, ante el congreso del estado, una reforma en la hacienda de Jalisco, para imponer un nuevo tributo de todos los productores de gases invernadero. “Este impuesto ambiental lo deberán cubrir todas las unidades económicas, empresas o personas físicas que produzcan emisiones de carbono u otros gases a la atmósfera (...) dicha contribución tiene como finalidad que esas unidades económicas aporten a la hacienda pública en proporción a la afectación y los efectos generados por el sustrato económico que llevan a cabo”, el dinero obtenido de esto será puesto a trabajar en materia ecológica.