México

Interpone México demanda civil contra empresas de arma en Estados Unidos

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Por Luis Fernando Nájera 05 Agosto 2021

Marcelo Ebrard dijo que buscan compensación económica por daños al país por una deficiente regulación de los negocios

Ciudad de México, 5 de agosto del 2021.- El gobierno mexicano demandó una compensación económica a 11 empresas armamentistas de Estados Unidos por el incontrolable contrabando de armas, que terminan siendo utilizadas en carteles de las drogas.

La demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas en otro país, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon señaló que se pretende que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes.

Indicó que el monto de esta exigencia será determinado en el juicio.

El secretario enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.

Añadió como esencial que también incorporen mecanismos de seguridad en sus armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito; que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y muertes en nuestro país.

El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. Sin poder ignorar el uso que se da a esas armas en México, los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma.

Durante su intervención, el senador Ricardo Monreal insistió en el hecho de que “muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la introducción ilegal de armas a nuestro país”. Recordó que hace unas semanas el Congreso presentó un punto de acuerdo sobre el uso de armas, aprobado por unanimidad, “en el que se solicitó la acción de la Cancillería contra este mal, pues es al que se atribuye el aumento de la violencia, el armado de los cárteles y grupos criminales, que cometen no solo tráfico de drogas, sino también secuestros, asesinatos, homicidios y muchos otros delitos.

De igual manera, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, dejó claro que esta demanda no es en contra del Gobierno de los Estados Unidos, “a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones”, sin embargo, mencionó que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder a nuestro país.

Por su parte, la académica María De Haas subrayó que el tráfico de armas “es el antagonismo sistémico que está generando afectaciones multidimensionales en la región”, pues la violencia que genera el aumento de poder de fuego de los delincuentes genera movimientos migratorios en Centroamérica; a su vez, el poder armamentista es usado para proteger mercancía ilícita, como los precursores químicos y opioides sintéticos, dentro de los cuales el fentanilo es el de más gravedad. En este sentido, aseguró que “el tráfico de armas debe ser visto como el catalizador de amenazas más preocupante de este siglo”.

Finalmente, Steve Shadowen, de la firma Hilliard & Shadowen, hizo hincapié en que este es un litigio estratégico para dar cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos “cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes están comprando las armas y en dónde”.