México

Interponen denuncia de injerencia del narco en elecciones de México para favorecer a Morena

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Por Humberto González 23 Agosto 2021

Dirigentes partidistas documentan 1,066 casos con 36 políticos asesinados y 693 víctimas

Ciudad de México, 23 de agosto del 2021.-  Los presidentes de los tres partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) que conformaron la alianza “Va por México” denunciaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) la intromisión del narco en las elecciones a favor de Morena y la aplicación de políticas públicas para destruir órganos autónomos, medios de comunicación y periodistas.

Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Accion Nacional (PAN); José de Jesús Zambrano Grijalva, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Alejandro Moreno Cárdenas, Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron una investigación de los hechos al organismo internacional.

En un expediente de 57 páginas, los líderes de los partidos de oposición documentaron la intromisión del crimen organizado en las elecciones en donde se renovaron 15 gubernaturas, el Congreso de la Unión y diversas alcaldías.

La denuncia presentada ante Luis Almagro contiene mil 066 casos en los que el crimen organizado “apoyó, impuso, reprobó y asesinó aspirantes en la mayor parte de los estados del país”. La acción de intimidación costaron la vida a 36 aspirantes a un cargo de elección popular y referencia a siete casos emblemáticos de la violencia criminal en las elecciones del pasado 6 de junio: Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí para favorecer a Morena, el partido político del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Los dirigentes también recurrieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a interponer otra denuncia de hechos similar.

La denuncia de 57 páginas contiene el registro de mil 66 delitos y agresiones de tipo político en casi todo el país, exponiendo los casos ocurridos en siete estados, y que costaron la vida a 36 aspirantes a un cargo de elección popular. Hace referencia a siete casos emblemáticos de la violencia criminal en las elecciones del pasado 6 de junio: Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí.

“Durante meses, los avisos de amenazas, secuestros y asesinatos sufridos por los candidatos y los aspirantes a esos cargos trajeron la advertencia de que la violencia y la coerción criminal iban a estar presentes como nunca antes en estos comicios, los más grandes de la joven democracia mexicana”, se señala en la denuncia.

Sostiene que “grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna”.

Va por México sostiene que la coerción violenta y las amenazas, las muertes, los secuestros y el control de las candidaturas por parte de los grupos delictivos, así como su intervención activa en el proceso, estuvieron presentes todo el camino: durante las precampañas de selección de candidatos, a lo largo de las campañas mismas, en la jornada electoral y después de la elección.

Veracruz, según la consultora Lantia Intelligence y Etellekt, registró el mayor número de eventos de violencia política durante el proceso electoral, con 51 casos.

En Sinaloa, se documentó el secuestro de cerca de 100 personas, entre familiares y colaboradores de algunos candidatos, el robo de urnas y la no apertura de 55 casillas por amenazas del crimen organizado a los funcionarios responsables de su instalación.

En el Estado de México se reportaron 200 actos de violencia política el día de la elección. Se documentó el caso de Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, quien fue privada de la libertad por sicarios de La Familia Michoacana mes y medio antes de que se llevaran a cabo las elecciones.

En Guerrero, en la región de Tierra Caliente, sólo pudieron hacer campaña quienes contaban con la autorización de los grupos criminales, según denuncias de militantes y dirigentes de los partidos políticos.

En Michoacán se denunció que gente armada llegó a diversas casillas de municipios como Múgica, Lázaro Cárdenas y La Huacana para amenazar a ciudadanos que estaban formados y les advirtieron que tenían que votar por Morena y no por el PRD.

En Guanajuato, el proceso electoral se tiñó de sangre con el asesinato de dos candidatos a presidentes municipales, entre otros políticos: el 25 de mayo pasado fue ejecutada Alma Rosa Barragán Santiago, de MC, aspirante a la alcaldía de Moroleón.

Finalmente, en San Luis Potosí, la coalición documentó que en alrededor de 600 casillas se “plantaron” presidentes y se falsificaron las actas.

En el documento entregado a la OEA y la CIDH, se detalla que la violencia contra candidatos sumó un total de 693 víctimas, en el periodo del 7 de septiembre de 2020 al 6 de junio de 2021, lo que representa un incremento de 68% con relación a las 412 víctimas contabilizadas en el proceso de 2017- 2018.