El ataque ocurrió antes de mediodía en su domicilio, en la capital del Estado de Colima, en la costa noroeste del país. El juez se llamaba Uriel Villegas y estaba adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la región. 

Hasta finales del año pasado, al menos un centenar de funcionarios de la justicia federal tenía algún tipo de protección en el país. 91 viajaban en carro blindado, 89 vivían con escoltas y 89 usaban “prendas de protección personal” como chaleco antibalas.  

Además, ocho gozaban de “medidas de protección provisional”, según el último informe de labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. 

Originario de Ciudad Juárez, Villegas llegó a Colima después de pasar por el Estado de Jalisco. En el informe de Zaldívar, presentado en diciembre, se mencionan las dificultades de impartir justicia en Jalisco:  

“El Estado se ha convertido en una zona de riesgo para la impartición de justicia (...) por lo que se llevaron a cabo las readscripciones y suspensiones conducentes”. 

El medio EL PAÍS se ha puesto en contacto con una vocera del Poder Judicial para saber si Villegas contaba con protección, si contó con ella en el pasado o si la había requerido en los últimos meses. Según el informe mencionado arriba, la justicia federal “elaboró [solo en 2019] 199 evaluaciones de riesgo a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de determinar las medidas de seguridad y su temporalidad”. 

La petición de este diario no ha obtenido respuesta de momento. Lo que sí ha dicho la vocera es que jueces como Villegas son los que aprueban detenciones de crímenes delicados como delincuencia organizada o narcotráfico. El diario Reforma ha publicado que Villegas ordenó en 2018 el traslado de cárcel de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera. 

Hace justo dos semanas, la secretaría de Hacienda informó del golpe que acababa de asestar al cartel Jalisco, después del bloquearle 1.939 cuentas bancarias. Los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia detectaron el movimiento de 20.000 millones de pesos -900 millones de dólares- en esas cuentas antes del bloqueo. 

El asesinato del juez ocurre además en un momento de transición en la justicia federal mexicana. En febrero, Zaldívar presentó una propuesta de reforma en el poder judicial, cuyo eje central, dijo, sería el combate al nepotismo y la corrupción. Mientras preparaba la propuesta, el presidente de la Corte argumentó que “la corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que por mucho tiempo las ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó, que no toleraremos a servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia”. 

Ha sido el mismo Zaldívar quien ha informado en vivo del asesinato en Villegas. El pleno de la Suprema Corte estaba reunido en sesión ordinaria este martes, cuando el presidente ha parado la discusión para avisar de lo que acababa de ocurrir. “Es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, pero sobre todo de aquellos con valentía y vocación que se arriesgan para proteger los derechos de todos”, ha dicho Zaldívar. 

México registra niveles altísimos de violencia desde hace más de una década. El país tiene decenas de miles de asesinatos cada año, sin que hasta ahora hayan funcionado las estrategias de los gobiernos de turno. Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el Ejecutivo echó mano de las Fuerzas Armadas. Calderón mandó al Ejército a combatir el crimen organizado. Entre las luchas de los grupos y la respuesta de los uniformados, los asesinatos y violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades se dispararon. De 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto y su Gobierno apenas modificaron la estrategia y las cifras siguieron al alza. Peña creó un cuerpo de seguridad civil, la gendarmería, destinado a liderar el esfuerzo en seguridad. Al final, quedó en mera anécdota. 

Con López Obrador, el Congreso aprobó la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, a medio camino entre lo civil y lo militar. De momento, sus efectos no se han notado demasiado.