El caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos en la anterior administración, ya comenzó a dar los primeros golpes al gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) 

De acuerdo con el gobierno federal, antes de aceptar la extradición de España a México, Lozoya informó que la empresa brasileña Odebrecht pagó USD 4 millones que fueron usados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. 

El hombre de confianza de Peña Nieto detalló que el dinero fue usado para el pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray, entonces coordinador de la campaña presidencial, contrató para asesorías electorales. 

Con Peña Nieto en la presidencia, Odebrecht pagó USD 6 millones al gobierno priista por el beneficio de contratos, y para ofrecer sobornos a los legisladores a fin de garantizar la aprobación de la Reforma Energética en 2014. 

Una de las causas por las que México reclamaba la entrega de Lozoya se remonta a su cargo como director general de Pemex. Lozoya adjudicó a dedo en 2013 a la constructora Odebrecht un contrato por 1.436 millones de pesos para obras en la antigua refinería de Tula, que debería haberse licitado públicamente. A cambio de ello, Odebrecht pagó USD 6 millones. De esa cantidad, Lozoya recibió USD 5 millones en una cuenta a nombre de la empresa familiar Zecapan, radicada en un triángulo infranqueable de paraísos fiscales. 

En 2018, el empresario alemán, Gerhard Henze, de 77 años, se acercó a la justicia mexicana, después de que estallara la bomba informativa que vinculaba a Lozoya con jugosas cantidades pagadas por la constructora brasileña para conseguir contratos. 

Henze declaró ante la entonces Procuraduría General de la República haber recibido USD 6 millones gracias a un contrato firmado con una empresa del estado de Hidalgo, además de ser el fundador de Zecapan. 

Asimismo, ejecutivos de Odebrecht aseguraron ante el Ministerio Público brasileño haber pagado USD 4,1 millones a Lozoya entre abril y noviembre de 2012. Esto para asegurarse favores una vez que Peña Nieto llegara al poder, en diciembre de ese año. La relación de Lozoya y los directivos de la constructora se fue estrechando entonces. 

Durante la gestión de Lozoya en Pemex, el ex funcionario le recomendó a Odebrecht asociarse con la compañía Construcciones Industriales Tapia —que fue contratista de la paraestatal mexicana en la gestión del PRI—. 

El ingeniero Juan Carlos Tapia, dueño de dicha empresa fundada en 1997, fue el responsable de construir más de 400 obras en Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. También se le vincula a plantas de Agronitrogenados y a la refinería de Tula. 

El arresto y extradición de Emilio Lozoya —por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa— han abierto definitivamente las puertas para que la justicia mexicana entre a fondo. Lozoya puede tener el carácter de testigo protegido o colaborador, con lo que podrá sortear las acusaciones que pesan en su contra