"Que se investiguen actos de corrupción en gobierno malovista": Merary Villegas

;

Por Humberto González 01 Diciembre 2020

La legisladora exhortó al gobierno estatal investigar lo ocurrido con la Compañía Azucarera de Los Mochis, ante sospechas de irregularidades cometidas por funcionarios públicos

A través de la Cámara de Diputados se lanzó un exhorto al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que investigue presuntos actos de corrupción cometidos en el sexenio malovista que provocaron el cierre de la compañía azucarera de Los Mochis, afectando los derechos laborales de sus ex trabajadores.

Fue la diputada federal de Morena, Merary Villegas, quien presentó tres exhortos, dos de ellos junto con su compañera de bancada, Tatiana Clouthier, para que se revise la actuación de las autoridades en el fraude cometido en el Ingenio Azucarero, que afectó a cientos de familias que dependían de esa fuente de trabajo.

“El proceso judicial se ha limitado a investigar las responsabilidad únicamente de particulares, sin una investigación a fondo de la presunta responsabilidad de ex funcionarios que tenían a su cargo el gobierno del estado durante el cierre de la empresa”, dijo.

Recordó que el 17 de diciembre de 2009, la Compañía Azucarera de Los Mochis, SA de CV, despidió a 150 trabajadores, quienes presentaron una demanda laboral por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán.

En ella, los trabajadores exigían salarios, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, salarios caídos, utilidades, actualización y regularización de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Sistema del Ahorro para el Retiro y ante el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), además de la devolución de montos descontados, retenidos y no enterados al Infonavit, detalló.

Agregó que el 19 de octubre de 2016, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó sentencia a favor de 10 ex trabajadores, condenando al ingenio al pago de las prestaciones reclamadas, sin embargo, el pago nunca llegó.

Merary Villegas explicó que la compañía azucarera se amparó en el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo con sede en Mazatlán y se ordenó a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, restablecer el procedimiento del juicio laboral y dictar un nuevo fallo.

Después de un año seis meses, el presidente de la junta especial, remitió al tribunal de Mazatlán, copia certificada del nuevo laudo dictado el 13 de marzo de 2019, en el cual se absuelve a la compañía azucarera del pago de las prestaciones reclamadas por los ex trabajadores y se declaró el asunto totalmente concluido, por lo que los ex trabajadores se ampararon en mayo de 2019.

La legisladora dijo que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito de manera inconstitucional y en forma irregular desechó por extemporánea la demanda promovida por los ex trabajadores, a pesar de que lo hicieron dentro del plazo legal y ante la autoridad responsable.

“Ni siquiera se estudió el amparo de los ex trabajadores, no se entró al análisis de los conceptos de violación", apuntó.

Merary Villegas dijo que desde 2014 hasta el cierre de la fábrica hubo indicios de simulación de transacciones y de compraventa de insumos que terminaron por afectar a obreros y ejidatarios, como el pago de embarques de azúcar que era imposible refinar, por lo que la entrega de ese producto nunca se concretó.

De acuerdo al expediente 6983 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa se requirió el pago de 157 millones de pesos en compensación a los ex trabajadores del ingenio que resulta notablemente insuficiente para los ex trabajadores.

“Las autoridades locales y estatales en Sinaloa, en el periodo 2011-2016 fueron omisas al no prevenir el desmantelamiento de la empresa que fue emblemática de la industria del estado”, subrayó.

“El proceso judicial hasta ahora se ha limitado a investigar las responsabilidades únicamente de particulares sin investigar a fondo la presunta responsabilidad de ex funcionarios que tenían a su cargo el gobierno del estado durante el cierre de la empresa, señaló Merary Villegas.

Además del exhorto al ejecutivo estatal, también se pide a la Auditoria Superior del Estado, al Poder Judicial y a la Secretaría del Trabajo, que hagan lo que en sus facultades les corresponde ante esta situación.