El 24 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con otros organismos internacionales de salud, inició el programa de Aceleración del Acceso a Herramientas Covid-19 (o ACT, por sus siglas en inglés). La iniciativa está enfocada en la cooperación global para enfrentar la actual crisis sanitaria. 

El programa tiene varios ejes como cooperación científica y de investigación, apoyo en especie a regiones necesitadas y, sobre todo, solidaridad con las naciones de bajos ingresos cuyos sistemas de salud no están capacitados para enfrentar la crisis. Una de las acciones específicas de ACT está enfocada en las vacunas. 

COVAX Faculty, impulsada por la OMS, la Alianza de Vacunas GAVI y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), tiene como propósito garantizar que todos los países puedan acceder a una vacuna contra el coronavirus una vez que esté lista. Los países con mayor capacidad económica que solicite vacunas se comprometen a apoyar a los países que no puedan comprar suficientes. 

México es uno de los países que ha manifestado interés por acceder a la primera fase de distribución de dosis. De acuerdo con la iniciativa, cada país involucrado deberá priorizar la vacunación a trabajadores del sector salud que están en centros de atención Covid y distribuirán la cantidad que corresponda al 20 % de la población.  

La entrega estimada para México, de acuerdo con el secretario de salud, Jorge Alcocer, es de 2 mil millones de dosis, que significará una inversión de 10 mmdd. El secretario aseguró que no hay límite de crédito para la obtención de vacunas. 

Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente un plan para la creación de una dependencia federal dedicada a la distribución de vacunas, presidida por el actual coordinador de Protección Civil, David León Romero.  

El anuncio sugiere que este nuevo organismo estará encargado de coordinar la distribución nacional de las vacunas para el coronavirus, que la OMS espera para el primer semestre de 2021. 

Aunque no hay una estrategia definida para la administración de vacunas a la población, el precedente de las acciones durante la pandemia de influenza de 2009 puede ilustrar uno de los caminos posibles.  

La “Memoria de Gestión de la Vacuna Pandémica AH1N1”, es una relatoría realizada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex), la empresa de propiedad mayormente estatal que se encargó de la adquisición y distribución de todas las unidades de vacunas en 2010. 

El primer paso del proceso fue la negociación de contratos con laboratorios que produjeron la vacuna contra la influenza de 2009. El primer contrato, con el laboratorio Sanofi Pasteur, aseguró la adquisición de 20 millones de dosis, el segundo contrato, con GlaxoSmithKline consiguió otras 10 millones de dosis. 

Después de que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) garantizara la calidad de las vacunas, Birmex negoció la venta de 28 millones de unidades con distintas instituciones públicas. La Secretaría de Salud compró 13 millones de vacunas y el Instituto Mexicano del Seguro Social adquirió 12 millones. Los Gobiernos de Nuevo León y Guanajuato hicieron “compras extraordinarias” por 55 mil y 15 mil unidades respectivamente. 

Una vez que quedaron cubiertas las necesidades del sector salud, la Secretaría de Salud, autoridad en el manejo de vacunas, autorizó la venta de 30 mil unidades a distribuidores privados. El costo unitario de la vacuna era de alrededor de 80 pesos de la época. La vacuna contra el coronavirus tiene un precio estimado de 300 pesos por unidad. 

Después de las ventas, Birmex tuvo un excedente de un millón 439 mil dosis.  

La empresa intentó vender las vacunas a los gobiernos latinoamericanos y devolverlas a los laboratorios europeos, pero estos la rechazaron. El Gobierno reasignó los sobrantes a una “reserva estratégica” que, posteriormente, sirvió para atender brotes en Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León. 

En 2010, la aplicación de la vacuna estuvo dirigida principalmente a enfermos crónicos, mujeres embarazadas, niños menores de 10 años y adultos mayores. El secretario Alcocer mencionó que la intención es hacer lo mismo con las vacunas de Covid-19.