Opinion

Ataque frontal

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Por Marco Antonio Lizárraga 20 Octubre 2022

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo", Benjamín Franklin

Ya es cuestión de días para que el Congreso de Sinaloa comience a sesionar de manera secreta como lo realizó en el proceso de desafuero contra Jesús Estrada Ferreiro, que hace algunos meses se vivió en Sinaloa.

Esta mañana ocurrieron dos tiros cantados contra el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el primero de ellos la denuncia formal penal en la Fiscalía General del Estado por parte de la Auditoría Superior del Estado por presunto daño patrimonial por el orden de los 60 millones de pesos.

El segundo en declaraciones concretas y específicas de parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Melendrez que en pro de la presunción de inocencia el Congreso actuará para desaforar al Químico si la Fiscalía así lo determina.

La noticia corrió como reguero de pólvora esta tarde fue en punto de mediodía cuando se entregó por parte de la ASE la querella ante la FGE por este presunto delito luego de concluir que se tenía un presunto daño patrimonial por el caso del contrato de adjudicación directa por el orden de los 400 millones de pesos.

Cómo se recordará antes de que la denuncias por parte de los regidores y otros organismos no gubernamentales exigieran la transparencia del proceso, el Ayuntamiento continuó con este procedimiento pues alegaba que estaba correcto.

Y en eso se comprometió a entregar a la empresa Azteca Lighting como lo especificaba el contrato 120 millones de pesos del anticipo para la creación y colocación de las lámparas, más de dos mil en todo Mazatlán.

La comuna entregó 60 millones de pesos comprometiéndose a entregar el resto de la parte para finales de septiembre, pero derivado del escándalo mediático y político que se estaba dando se canceló el contrato, y ahí empezó otro tema legal.

La empresa demandó ante el Tribunal de Justicia Administrativa especializado en Responsabilidades Administrativas y encontró que la cancelación de este contrato estaba fuera de la ley y otorgó la suspensión además de que obliga a la comuna a que se realice lo acordado en ese documento.

El Ayuntamiento está obligado a regresar a las arcas municipales ese recurso, pero derivado de la suspensión la empresa no puede regresar el recurso y es más exige el resto del anticipo para continuar con las acciones firmadas hace unos meses.

El alcalde es quien figura en la demanda, es el principal actor además de incluir a los presuntos responsables de esta acción y entre ellos figuran todos los que firmaron ese contrato por parte del Comité de Adquisiciones.

Esta sin duda es una encrucijada, de la que se indica que no hay escapatoria, ya el Químico está en el borde de dejar de ser alcalde de Mazatlán, el tema está en la mesa de la Fiscalía que de acuerdo con la Ley no puede emitir ninguna información del proceso ni de la carpeta de investigación.

Es decir que la única forma de saber que es lo que pasará lo determinará la fiscal Sara Bruna Quiñonez, pero con la jurisprudencia ocurrida con el Jesús Estrada Ferreiro que este martes en la madrugada fue vinculado a proceso por una adjudicación directa sin licitar, todo parece que lleva el mismo camino.

De acuerdo con el artículo 75 bis de la Ley de Auditoría Superior del Estado, bastaba la presunción de que hay un daño al patrimonio del pueblo para que la ASE presentara dicha denuncia correspondiente ante el órgano procurador de justicia.

En caso de que la Fiscalía valorara que hubiera elementos, habría la posibilidad de que dicho órgano solicitara una declaratoria de procedencia y se iniciara con ello un procedimiento dentro del Congreso que podría culminar con el desafuero del "Químico".

Todo parece indicar que se repetirá la historia. Ya veremos en que concluye esto.

SIN OPINIÓN

Antes de que la denuncia contra él fuera interpuesta por parte de la ASE contra la Fiscalía el alcalde sostuvo una reunión atípica con sus funcionarios esta mañana que sostuvo de manera privada con ellos.

Al salir el alcalde no dio entrevistas ni nada al respecto, la reunión que desarrollo duró menos de 10 minutos  y se retiró pues tenía agenda de trabajo ya pactada para este miércoles, la cual no está reflejada públicamente cómo se acostumbra.

El alcalde no esperaba encontrarse con representantes de los medios de comunicación y, a pregunta expresa del semanario Río Doce, se reservó a realizar cualquier opinión en torno a la declaración y advertencia realizada por el diputado Feliciano Castro Meléndrez, sobre la denuncia que la ASE interpondría ante la Fiscalía General del Estado en su contra.

Hasta el momento, no se ha presentado postura por parte del alcalde con respecto a este tema.

ESTABILIDAD

Ante la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía del Estado por presuntamente cometer daño patrimonial contra el municipio, esta situación no significa que se haya determinado que sea culpable, es un proceso y no detiene a la administración.

Lo anterior lo indicó el secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zatarain y manifestó que como el tema ya está en otra cancha se abstendrá de andar opinando y esperar el desarrollo de esta investigación que las autoridades tendrán que llevar a cabo porque así lo marca la ley.

 En ese sentido, aseguró que en el Ayuntamiento de Mazatlán se seguirá trabajando, por lo que puede estar tranquila la ciudadanía, porque está demanda podría ya no depender de temas de la comuna.

SIN FUDAMENTO

Sobre este caso, el diputado Adolfo Beltrán Corrales, vocal de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, indicó que la ASE podría violentar el procedimiento al presentar la denuncia ante la FGE contra el  Químico Benítez, pues a pesar de que hay indicios fuertes de un probable daño a la hacienda pública municipal también se deben de agotar los tiempos que marca la ley, pues el Ayuntamiento aún tiene casi un mes para solventar las observaciones realizadas.

Señaló que el 4 de octubre fue notificado el Ayuntamiento de manera formal sobre las observaciones y la principal es el procedimiento que se llevó a cabo que fue la adjudicación directa que incumple con la ley.

De acuerdo con los procedimientos, la comuna tiene hasta el próximo 16 de noviembre para contestar y por ley tendría que ser esa fecha cuando la ASE tendría que emitir un resolutivo sobre si se solventaron o no y, posteriormente, estar en posibilidad de presentar una denuncia de hechos.

"Aquí sabemos que no lo va a solventar, insisto, porque hay un procedimiento que no se siguió. Si no lo siguió el Ayuntamiento cuando se hizo la adquisición, pues obviamente no lo puedes reponer porque se firmaron contratos de manera indebida, porque se dieron anticipos de manera indebida, en tanto sabemos que no lo va a hacer, pero tenemos que esperar que se agoten los tiempos ante la Auditoría. No debe interponer denuncia de ninguna manera", dijo a los medios.

Beltrán Corrales indicó que es necesario que la ASE revise los contratos de otros municipios, pues en el caso de Culiacán nunca se advirtió en la cuenta pública del 2020 la presunta renta irregular de camiones recolectores.

Y este fue el motivo ahora por el que se vinculó a proceso a Jesús Estrada Ferreiro, y otros ex funcionarios municipales más, pues esa proceso se derivó de una denuncia hecha por el regidor Sadol Osorio y la Auditoría Superior no lo detectó al momento de la fiscalización, por lo que pidió que se revise a profundidad.

mlizarraga1@entreveredas.com.mx

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