Bolas el engrudo
Por Marco Antonio Lizárraga 19 Octubre 2022
"Los futuros no realizados son solo ramas del pasado: ramas secas", Italo Calvino
COMO BALDE DE AGUA FRÍA
El tiempo en contra
corre, ahora sí este miércoles o por más tardar el jueves la Auditoría Superior
del Estado interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado
contra el gobierno municipal de Mazatlán y contra quien resulte responsable por
presunto daño patrimonial por el orden de los 60 millones de pesos.
El diputado presidente
de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa dio a
conocer a medios de comunicación que el tema de las luminarias luego de que la
ASE realizara un proceso minucioso del contrato de 400.8 millones de pesos por
más de 2 mil lámparas.
El asunto ya llegó
lejos, luego de tanta denuncia ciudadana y de los mismos regidores de Mazatlán
que acudieron con elementos ante la ASE y que fue una de las razones que se
realizara este proceso especial por parte de este ente.
Desde que se interpuso
denuncia, se habló que, a finales del mes de septiembre de este año, se
emitiría el dictamen concreto de los resultados realizados a este contrato y en
especial a lo que se venía presentando como un contrato "leonino"
ahora llamado así por el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.
Estos son
procedimientos que marca la Ley que es lo que se debe de realizar, y derivado
de las últimas declaraciones de Feliciano Castro, el Congreso no será tapadera
de nadie, ahora con esto las cosas se ponen color de hormiga para el gobierno
municipal y quienes lo representan.
Castro Melendrez
explicó: "De acuerdo al artículo 75 bis de la Ley de Auditoria Superior
del Estado el Congreso a través de la Auditoría Superior del Estado va a
proceder conforme a lo reglamenta este artículo, basta la presunción de que hay
un daño al patrimonio del pueblo para que la Auditoría presente la denuncia
correspondiente ante la Fiscalía", dijo a los medios.
La denuncia no es
afirmación de que así son las cosas, señaló, la ley estable que con el simple
hecho de haber una presunción se debe de seguir el procedimiento y la Fiscalía
llevar el procedimiento si hay o no ese presunto daño patrimonial ya sea en el
ámbito administrativo, legal o político.
"Por lo pronto,
les comparto que la Auditoría Superior del Estado va a presentar ante la
Fiscalía entre hoy y mañana esta denuncia", agregó este martes en la
conferencia de prensa.
Pero también, la cereza
del pastel fue que ahora luego de haber sido sometida a votación la cuenta
pública de Mazatlán fue rechazada lo que también pone en complicaciones al
gobierno municipal pues no se solventaron observaciones por el orden de los 22
millones de pesos.
Otra situación que de
acuerdo con declaraciones del diputado presidente de la Comisión de
Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo Salas tendrá
también consecuencias jurídicas.
Arredondo Salas en su
participación en tribuna señaló que la sociedad está atenta y espera que el
poder Legislativo cumpla con la responsabilidad de revisar e informar quién
actuó con probidad, con orden, con compromiso y respeto por ellos, e informar
en apego a ley quien no lo hizo, y dar el seguimiento para que las instituciones
encargadas de sancionar lo hagan.
En pocas palabras
pronto se tendrán noticias de que estas cuentas públicas tendrán un camino
jurídico que la Fiscalía General del Estado tendrán que proceder conforme a
derecho y buscar a los presuntos responsables de estos y llamarlos a llevar el
proceso, es decir, dejar sus cargos públicos para comparecer como ciudadanos.
"Hoy nos toca,
revisar, la cuenta pública del año fiscal 2020. En ella vamos a encontrar
esfuerzos genuinos por una administración honesta, ordenada y comprometida a
dar resultados. Pero también vamos a encontrar, un desdén por las leyes, las
normas; administraciones que son grotescas, que no merecen sus gobernados, que
defraudan la confianza depositada en ellos", dijo.
También en este tenor,
la diputada Alba Virgen Montes expuso que quienes ejercen cargos dentro de las
administraciones públicas tienen el deber de manejar los recursos en forma
honesta y con apego a la ley y, que de no ser así, sean sancionados por las
autoridades encargadas de ello.
Precisó que, entre las
observaciones recurrentes a las administraciones municipales, está la de que
gastan más de lo que ingresa, lo cual, es una violación a sus propios
presupuestos aprobados y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Asimismo, añadió, hay
un uso excesivo de la asignación directa de obra pública, lo cual es una franca
violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración
de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.
Por ello se pronunció
por castigar a quienes no liciten las obras que se deban licitar, así como
sancionar a los responsables de los Órganos Internos de control cuando caigan
en omisión.
Las cosas se ponen
serias para el gobierno municipal del químico Luis Guillermo Benítez Torres.
Esto tendrá un
desenlace muy áspero. Tiempo al tiempo.
PIE A LA CABEZA
Luego de más de 19
horas de audiencia, el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro junto con
seis exfuncionarios municipales fueron vinculados a proceso al encontrar
elementos que los hacen responsables por el delito de Desempeño Irregular
de la Función Pública.
Una jornada maratónica
que comenzó a las 8:30 horas de este lunes y concluyó entrada la madrugada de
este martes.
El resto de los ahora
vinculados son, Othón Herrera y Cairo, exsecretario del ayuntamiento, Issel
Guillermina Soto González, responsable de la tesorería durante la
administración de Estrada, también enfrentará proceso Raúl Alcántar Kondo,
quien se desempeñaba como director de Egresos y Presupuestos del Ayuntamiento,
además, está involucrada Angelina Marisela Gutiérrez González, exregidora,
presidenta de la Comisión de Hacienda y María Antonia Sarabia Ibarra, también
regidora, secretaria de la Comisión de Hacienda, en el ayuntamiento local durante
la gestión municipal anterior.
Cómo se recordará un
nuevo procedimiento le fue requerido a Estrada Ferreiro hace unos días, luego
de haber ganado una batalla legal contra el Congreso de Sinaloa, pero ahora,
bajo la acusación de la contratación ilegal de 40 camiones recolectores y
compactadores de basura, el juez encontró elementos y los vinculó a proceso.
En el documento del
arrendamiento se menciona que los camiones de basura fueron rentados por un
plazo de 30 meses, con un pago 3 millones 920 mil pesos mensuales, lo que
representa un gasto total, presuntamente irregular, de 117 millones 600 mil
pesos.
Según las
investigaciones de la Fiscalía, hay corrupción al ser un contrato por
adjudicación directa, y no por licitación, además que en el proceso de
arrendamiento participaron varias empresas y se pudieron haber ahorrado más de
40 millones de pesos, según los argumentos de la Fiscalía.
El juez ordenó un plazo
de tres meses, para ambas partes, ello para que lleven a cabo la investigación
complementaria, que dará pie a la siguiente fase del proceso judicial, por lo
que será el día 18 de enero del 2023 cuando este plazo concluya y se vuelva a
citar a las y los involucrados.
En su defensa, Estrada
Ferreiro, reiteró que estaba siendo violentado de sus derechos humanos y
recalcó que todo este proceso está siendo orquestado desde el gobierno del
estado porque la intención es que no aspire a contender por algún cargo de
elección popular en los próximos comicios.
Afirmó que estaba
tranquilo y que confiaba en que todo se resolverá de la manera más justa
posible apegado a derecho.
Más tarde en redes
sociales dio a conocer su postura de cómo se está llevando todo este
procedimiento e insistir que todo esto se lleva a cabo para afectarle solamente
sus derechos políticos electorales.
Ya veremos en que para
esto. No queremos pensar mal, pero parece que alguien lo quiere ver en la
cárcel unos días a Estrada Ferreiro. Ya veremos si las sospechas son concretas
o nomás un borregazo.
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