Opinion

Dados Cargados en el Proceso de Revocación

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Por Carlos Flores Pompa 26 Marzo 2022

La Plomada

Para el estructuralista Michel Focault la verdad es un constructo de quienes ejercen el poder, no hay una sola verdad, sino una multiplicidad de ella. Es el choque de distintas “razones”. El poder es la “Razón”, la razón que ve, controla, domina, instrumenta a los seres humanos e incluso desarrolla las ciencias humanas para dominar mejor al sujeto.


Los medios de comunicación al servicio de quienes ejercen el poder, permiten moldear las conciencias de los sujetos de una sociedad, debido a que la verdad no existe como tal, la verdad es lo que el poder puede repetir 100,000 veces hasta que los demás lo crean. Quienes ejercen el poder tienen los medios para construir e imponer la verdad, ya que pueden condicionar, y conformar las subjetividades de los receptores.

 

El máximo poder lo ejercerá el que logre imponer el conocimiento de su verdad al conocimiento de la verdad del otro.

 

Este viernes 25 de Marzo, el Consejero presidente del INE Lorenzo Córdova visitó la ciudad de Mazatlán para clausurar el primer Congreso de Igualdad de Género e Inclusión. Al ser entrevistado por diversos medios declaró: “Los tiempos que se viven en México ponen en riesgo la democracia, pero a pesar de las trampas y las mentiras de los que se resisten a respetar las reglas del juego, los ciudadanos si confían en el trabajo y el desempeño del INE y así se verá reflejado en las urnas en el proceso de revocación de mandato”, manifestando a su vez: “hay muchos funcionarios que sistemáticamente, orquestadamente e intencionalmente vulneran las reglas del juego democrático”.

Lo que probablemente alude a varios funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Sinaloa y municipios del estado. es un hecho que no son pocos los funcionarios que aprovechan cualquier acto o reunión, incluso de carácter oficial y públicos para dirigir sus discursos poniendo especial énfasis en la necesidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo, no sin antes, hacer digna representación de la narrativa oficial calificativa y descalificativa hacía todo aquel que opine distinto o cuestione el proyecto de la cuarta transformación. En dichos discursos emitidos por altos funcionarios, embestidos por la autoridad y representación del estado y municipios (quienes ejercen el poder) estarían tratando de inducir las preferencias de los gobernados y por ende, atentando contra los principios de imparcialidad, autonomía y objetividad que deben imperar en el proceso electoral.

 

Ante los cuestionamientos, en la Semanera el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya justificó dicho acto como “una simple manifestación de la libertad de expresión y opinión”, aquí vemos de nuevo una de las formas como quienes ejercen el poder, buscan interpretar y dar un sentido a conveniencia a los actos y hechos, esto es construir “verdad” por medio de la interpretación apegada a la narrativa. Sin embargo, para dar un poco de luz a la sombra que estas estrategias buscan sembrar  la Ley es muy clara al respecto; Conforme a lo establecido por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Cabe mencionar que dicho ordenamiento fue cambiado por decreto en lo referente a su interpretación de manera muy atropellada y abrupta el pasado 17 de marzo, sin embargo, esta nueva interpretación no entrará en aplicación hasta el próximo proceso electoral, por lo que para esta consulta del 10 de abril sigue tal cual.

 

El máximo ordenamiento legal en nuestro país es muy claro, los funcionarios públicos están impedidos para hacer esas manifestaciones en actos, así lo marca con carácter imperativo la carta magna, manifiesto en las palabras “deberá” y “en ningún caso”, de manera que la libertad de expresión si está limitada correctamente en aquellas personas que ostentan cargos públicos y por más que busquen interpretar a conveniencia y justificar actos contrarios a lo que la Constitución y leyes señalan. Por lo anterior se afirma que si se actualiza lo que el Consejero presidente del INE señaló en su visita a nuestro estado.

 

Cumpliendo cabalmente con la teoría estructuralista de Michel Foucault que señala como aquellos que ejercen el poder, buscarán construir “la verdad”, pero aquella verdad que convenga a los intereses de ellos (quienes ejercen el poder), desde palacio nacional se instrumentó una serie de acciones tendientes a lograr crear las condiciones que permitan controlar la narrativa nacional, siempre interpretando a favor o evadiendo los hechos que no convienen; silenciando a quienes alzan la voz y se atreven a señalar los errores de la administración, desprestigiándolos para justificar su osadía; repitiendo 10,000 veces frases como, “no somos iguales”,” ya no hay corrupción”, “se acabaron los privilegios”, entre muchas otras más, tendientes a taladrar el subconsciente de la masa; apoderándose o golpeando aquellas instituciones que son un contrapeso o equilibrio natural a los excesos y abuso de quienes ejercen el poder; creando distractores, entre muchas argucias más. 

 

La maquinaria oficial, fue puesta en marcha y autorizada a valerse de lo que sea con tal de controlar la narrativa en el proceso de revocación de mandato y con ello el resultado del mismo, usando para tal efecto el poder del Estado, hecho que es replicado y observado en todas las entidades del país bajo los dominios de la gestión morenista y Sinaloa no es la excepción.

 

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