El nuevo gabinete: una oportunidad para fortalecer el servicio público

Por Alex Méndez 06 Septiembre 2021

Conciencia Ciudadana

Con los cambios de gobierno llegan siempre nuevas agendas políticas y ajustes en la estructura de la administración pública. De acuerdo con cada partido en el poder, estas agendas, más allá de su relevancia para la ciudadanía, pueden fortalecerse o perder impulso hasta al punto de dejarse en el olvido por muchos años. Por eso, en los periodos de transición como el que estamos viviendo, se hace necesario subrayar que, para garantizar una buena gobernanza, el aparato burocrático, más que cambiarse por completo, debe consolidarse como una base sólida de funcionarios profesionales y especializados en el rubro donde se desempeñan, con una verdadera vocación de servicio y con los conocimientos y habilidades requeridos para su cargo. Sin embargo, dar continuidad a quienes han funcionado requiere de una verdadera voluntad política y una visión que trascienda simpatías y partidos.

Como sabemos, el futuro gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, de Morena, comenzará su gestión a partir del 1 de noviembre y, hasta el momento, solamente ha dado a conocer a algunos de los integrantes de su gabinete, entre quienes se encuentran Enrique Izunza, que será el próximo secretario general de Gobierno y Ruth Díaz, como titular de la Sedatu. Rocha Moya ha anunciado desde hace algunas semanas que será este mes cuando dé a conocer el resto de su gabinete, muy probablemente después del 15 de septiembre.

En nuestro país, lo más común es que los titulares y altos mandos de las dependencias federales y estatales formen parte un círculo cercano de personas de confianza, simpatizantes y correligionarios de los presidentes y gobernadores. No obstante, no hay que dejar de lado que el fin último de la administración pública es atender las necesidades de la ciudadanía y que para ello hay que contar con una preparación adecuada y con vocación de servicio. El ascenso de personas no calificadas puede ser perjudicial para las instituciones, al punto de dañar su reputación y desviar los objetivos hacia el cumplimiento ambiciones personales o partidarias y no para el bienestar común.

Cabe destacar que esta situación es un fenómeno a nivel internacional. De acuerdo con la OCDE, en países como Chile, España y Turquía, los cambios de gabinete y de funcionarios de alto nivel (secretarios y subsecretarios) llegan a ser mayores al 95% entre una administración y otra. En los casos de Chile y Turquía, los ajustes incluso a nivel intermedio son de entre 50% y 94% de los funcionarios, mientras que en España el cambio de subdirectores es del 0% a 5%, es decir, hay ajustes mínimos en el personal a partir de esa estructura. En contraste, países como Canadá, Japón y Holanda registran muy pocos cambios tanto en su gabinete, como en los mandos de nivel alto e intermedio.

Aunque México no se encuentra entre los primeros lugares de entre sus pares de la OCDE, es un hecho innegable que con los cambios de administración se llevan a cabo muchos ajustes de personal guiados por “amiguismos” y “compadrazgos” y no por una visión de Estado, lo que, a la larga, daña el funcionamiento de los aparatos institucionales, además de amenazar la continuidad de los proyectos de gobierno.

Por ello, es importante afianzar los mecanismos institucionales que garanticen que el personal que labora en cada dependencia cuente con el perfil necesario para desarrollar las labores específicas de cada puesto que conforma la administración pública, y que cuente con la capacidad para hacerlo de la manera más eficiente posible, además de regirse por una conducta ética y alineados a una regulación interna que permita que todas sus acciones se desarrollen en un marco legal.

Las lealtades políticas no garantizan un cumplimiento adecuado de las funciones. Así, la elección de los servidores públicos debe basarse en la trayectoria y la experiencia. El mérito debe ponderar en cada designación, y para ello también es importante el fortalecimiento del servicio profesional de carrera, a través del cual, los candidatos a los distintos cargos de la administración pública comprueban, a través de sus conocimientos y capacidades, que son los idóneos para integrarse en el servicio público.

Por poner un ejemplo sobre los mecanismos para garantizar que lleguen los perfiles adecuados para la gestión gubernamental, en el Instituto Hacendario del Estado de México, dependencia de la Secretaría de Finanzas, existe una certificación emitida por la Comisión Certificadora de Competencia Laboral de los Servidores Públicos del Estado de México (COCERTEM), el cual tiene como objetivo capacitar a los servidores públicos profesionales, a fin de que adquieran el conocimiento necesario “en técnicas de administracíon para el manejo y operación adecuado de los recursos, contribuyendo así al desarrollo de las funciones de recaudación, fiscalización, cobranza, planeación, presupuestación, ejercicio y control”. Este tipo de certificaciones, que incluyen diplomados, cursos, talleres y seminarios, contribuyen a la mejora continua de los funcionarios, fortalecen sus capacidades y permiten que la estructura de gobierno se conforme por el personal más adecuado.

De acuerdo con la OCDE, las estrategias del gobierno deben orientarse a fortalecer y comprender las dinámicas del sistema de administración pública, por lo que es necesario diseñar estrategias que mantengan su funcionamiento en los niveles óptimos. Para avanzar en el desarrollo y poder implementar proyectos e iniciativas de gobierno a largo plazo y estables, es necesario mantener también una estabilidad en la estructura del gobierno, y una parte fundamental para lograrlo es pensar en su capital humano: los servidores públicos.

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Alexandro Méndez es jefe de oficina de Recaudación de Los Mochis, doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte y profesor de asignatura en la maestría en Administración Pública de la Universidad Tecnológica de México.