EN UNA VERDADERA DEMOCRACIA, LA CIUDADANÍA TAMBIÉN ELIGE A LOS CANDIDATOS
Por Ricardo Fuentes Lecuona 07 Noviembre 2022
Así las cosas
En
el marco del actual debate sobre la reforma en materia electoral, notablemente
se omite uno de los anhelos más grandes de quienes buscamos una democracia
plena y realmente representativa. Dos palabras, que por décadas han sembrado
terror en los altos escaños de la oligarquía política. Una práctica que, de ser
implementada, arrebataría el mando a los caciques de las instituciones
políticas y lo entregaría a sus votantes. Un tabú político que ha sido
enterrado desde la cultura del “dedazo”, hasta el actual populismo clientelar.
En un Estado que se hace llamar democrático, no se le pueden imponer candidatos
a la ciudadanía, sino que ésta debe de gozar del derecho a determinar quién
será el candidato o candidata de su partido a un puesto de elección popular, a
través de elecciones primarias. En las últimas décadas, la democracia mexicana
ha vivido una intensa e importantísima marcha de transición y progreso; Dio sus
primeros pasos con el sufragio femenino y la apertura a los partidos
opositores, creció con ajustes orgánicos al Congreso de la Unión, y se
consolidó con la creación de un órgano electoral y un tribunal de justicia
constitucionalmente autónomos.
Sin
embargo, un aspecto en el que el progreso de la democracia mexicana ha dejado
mucho que desear, es la designación de las candidaturas, que desde las
planillas municipales, hasta el Ejecutivo Federal, son en su vastísima mayoría
determinadas arbitrariamente por los líderes de los partidos políticos e
impuestas a sus votantes.
El
deseo de concebir e institucionalizar las elecciones primarias en los partidos
políticos no es algo nuevo, este fue un factor inherente a la “Corriente
Democrática” liderada por Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano y Porfirio Muñoz Ledo
en los años 80, misma que sirvió como uno de los grandes impulsores de la
transición y evolución al sistema político que dio paso a la realidad actual.
Ahora bien, hoy, ante un régimen que busca una regresión política al debilitar
a las instituciones democráticas y exacerbar la desconexión entre la sociedad
civil y los partidos opositores, para así consolidar una hegemonía, debemos
encontrar cómo reafirmar un frente común que verdaderamente represente los
intereses de los ciudadanos y cierre la brecha que por décadas ha separado los
intereses de los partidos políticos y los de la población general.
Si
los partidos opositores realmente quieren abanderar la causa democrática y
reconciliar a la ciudadanía, deben abandonar su oligarquía disfrazada y
presentarnos con una alternativa en la que seamos los ciudadanos quienes nos
encarguemos de designar candidatos y candidatas que verdaderamente representen
nuestros intereses comunes y no el de los caciques en los comités ejecutivos de
los partidos. Recordemos que el propósito fundamental de un partido político es
que los ciudadanos con valores, creencias e intereses comunes puedan
organizarse a través de una institución que los represente plenamente.
A
partir de ésto, el poder de imponer candidaturas no sólo representa una
poderosa herramienta de negociación entre partidos para hacer acuerdos a
espaldas de sus militantes, sino que también constituye una grave subversión al
propósito ontológico de los partidos políticos. Pareciera, más bien, que en
México los partidos son quienes hacen política a través de los ciudadanos, y no
los ciudadanos a través de los partidos. Esta contradictoria realidad, que
hemos vivido por generaciones, debe cambiar inmediatamente si se busca lograr
una real y plena democratización de nuestras instituciones. Recientemente,
algunos líderes políticos, entre ellos la senadora tricolor Beatriz Paredes
Rangel, han hecho un fuerte llamado a implementar prácticas democráticas
internas en sus respectivos partidos a la hora de designar candidaturas para
los procesos electorales de 2023 y 2024.
Llamados
como éste demuestran que, sin lugar a dudas, la clave para ganar futuras
elecciones y avanzar hacia una nueva realidad política, es que sea la sociedad
civil quien participe activa y directamente, tanto en la construcción de un
bloque común, como en la designación de los candidatos y candidatas que lo
representarán en los procesos electorales. El debate sobre la reforma en
materia electoral no debe de ser entre una regresión y el status quo. Si se va
a hablar de una revisión a nuestras instituciones democráticas, es
indispensable que los autollamados “defensores de la democracia” implementen
prácticas que reflejen una verdadera intención de continuar la marcha del progreso
democrático en México.
Los
políticos opositores tienen razón al declinar la actual propuesta de reforma,
pero se equivocan quienes aseguran que debe quedarse todo como está, es decir,
es cierto que no podemos permitir que la marcha vaya hacia atrás, pero tampoco
debemos ser cómplices a que se detenga
