ES HORA DE ACABAR CON LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

Por Ricardo Fuentes Lecuona 22 Agosto 2022

Así las Cosas

El derecho penal mexicano logró grandes y profundos avances en la década pasada con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. En poco tiempo pudimos pasar, de un modelo anticuado y opaco, a uno que, supuestamente, respeta de una manera más efectiva los derechos de los imputados y transparenta el proceso ante las partes y la sociedad. Sin embargo, hay una gran mancha en la cara del nuevo sistema penal que, mientras exista, imposibilitará todo intento de lograr un sistema efectivo, justo y transparente, que respete los derechos humanos y la presunción de inocencia.

Sabemos que el nuevo sistema no es perfecto. En él aún existen un par de ecos y elementos del sistema inquisitivo, al igual que más de un puñado de jueces y fiscales que seguramente preferirían continuar con el antiguo sistema, que daba mayor oportunidad a las trampas, los intereses, y la corrupción. Si bien, el modelo actual debe enfrentarse a una profunda inercia y una larga lista de obstáculos (muchos de ellos en la misma legislación), se encuentra entre éstos, el elemento más arcaico, excesivo y malversado de todos: la prisión preventiva oficiosa.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que consiste en privar a una persona de su libertad cuando ésta es imputada por un delito oficioso (grave). Es decir, un sospechoso de algún delito oficioso irá directamente a la cárcel sin la necesidad de que ésta medida tan siquiera se justifique, solicite o se debata por cualquiera de las partes, y permanecerá ahí hasta por dos años, mientras se determina si ha cometido dicho delito o no, quitándole al imputado la posibilidad de defenderse y al juez, la capacidad de decidir si aplicar la medida o no. La prisión preventiva oficiosa ha servido como el arma principal de la persecución política en México. Si la autoridad te quiere en el bote, no necesita nada más que lograr imputarte por un delito oficioso, pues para cuando te entreguen tu sentencia absolutoria, habrás pasado dos años tras las rejas.

Hay quienes defienden la medida argumentando que protege a las víctimas y a sus familias, que puede prevenir un escape del imputado, o que se hace en favor de la paz en colectividad. Sin embargo, muchos desconocen que para éstos supuestos, no es la prisión preventiva oficiosa, sino la prisión preventiva justificada, la cual funciona como una herramienta de prevención. Además, ésta medida sí ha de seguir el proceso de solicitarse y debatirse por las partes, por lo que no se impone automáticamente, a contraste de la oficiosa, por lo que en la prisión preventiva justificada, si hay espacio para la presunción de inocencia y para la protección de las víctimas. A partir de esto, puedo semánticamente argumentar, que la existencia de la prisión preventiva justificada supone la existencia de la prisión preventiva injustificada, la cual fue bautizada como “oficiosa” por el legislador.

La medida cautelar ha sido señalada por organismos locales e internacionales de protección a los derechos humanos como una institución “irreconciliable con los derechos humanos”, y se le ha exhortado al Estado Mexicano, en múltiples ocasiones, a abstenerse de aplicarla. Llamados que la autoridad no sólamente ignora, sino que, en su defecto, engrandece la problemática al constantemente añadir delitos al catálogo de delitos graves para prisión preventiva oficiosa.

He tenido la oportunidad de platicar con jueces, juezas y fiscales, quienes en su vastísima mayoría, se encuentran fuertemente en contra de la existencia y aplicación de la prisión preventiva oficiosa, ya que entorpece profundamente al proceso, viola contundentemente los derechos humanos y subvierte los intentos de que el nuevo sistema realmente imparta justicia.

Para contextualizar la magnitud de este problema, apunto a un estudio realizado en 2019 por la organización ASILEGAL, en al cual encontraron que alrededor del 43% de las personas privadas de su libertad lo están gracias a la prisión preventiva oficiosa. Esto significa que casi la mitad de la población presa en el país, lo está bajo el supuesto de que tal vez han cometido un delito grave. ¡Sin sentencia, sin consideración y sin justificación!

El abuso de esta medida no es algo nuevo ni partidista, sino una muy palpable realidad del estado incompleto de nuestra reforma penal, a la que miles de Mexicanos y Mexicanas deben enfrentarse día a día. No será hasta que cambie esta vil realidad, que el nuevo sistema penal seguirá siendo más una herramienta de persecución que una de justicia, hagan todas las reformas que hagan