Por eso hubo indignación, pero no sorpresa. Desde que se reveló el escándalo con la investigación de Areli Quintero en el portal de Carlos Loret, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Manuel Bartlett era inocente y que al director de la CFE lo atacaban los “conservadores” enojados por el fin de sus privilegios y negocios.
El propio Bartlett también se anticipó al adelantar el argumento que a la postre lo absolvería: su pareja y sus hijos son económicamente independientes y no tenía por qué declarar sus bienes. La Secretaría de la Función Pública confirmó el vaticinio del presidente y el criterio del implicado, absolviéndolo de cualquier responsabilidad.
No se desvirtuó una sola prueba aportada, pero la autoridad consideró que el funcionario no tenía la obligación de declarar las 23 casas y 12 empresas que omitió, ni siquiera en las dos en las que está registrado como socio. Para ello, la SFP recurrió a tecnicismos que, supuestamente, sustentan su incapacidad legal para desentrañar la cuestión fuera de toda duda.
La ley establece que deben declararse los bienes de cónyuges, concubinos y dependientes económicos. Su relación sentimental con Julia Abdalá data de hace dos décadas y, sin embargo, la SFP dio por bueno que no se cae en ninguno de los supuestos porque no están casados, tiene sus propios ingresos, no procrearon y no viven en la misma casa. ¿Cuál es la evidencia de esto último? Que declararon domicilios distintos, pues tienen dos decenas de inmuebles para decidir dónde establecer cada uno su “residencia oficial”. Es un evidente fraude a la ley, pues no hay duda de la durabilidad y estabilidad de su relación sentimental.
Lo que vimos fue una pantomima para justificar la impunidad anunciada desde el inicio por el Ejecutivo, tal y como aconteció con la investigación de Virgilio Andrade sobre la Casa Blanca de Las Lomas en el sexenio pasado. Por eso no extraña que Irma Eréndira Sandoval haya reciclado muchos de los argumentos que utilizó su antecesor.
Quien usa la justicia para absolver a sus cercanos, también la usa para perseguir a sus adversarios. El contraste no podía ser mayor.
En otros casos se ha dado coordinación entre SFP, SAT y UIF. Así ha acontecido, por ejemplo, con Emilio Lozoya y Rosario Robles.
En lugar de investigar las cuentas de Manuel Bartlett y de sus cercanos como hasta ahora lo ha hecho a discreción, según los intereses políticos del presidente,
Los mexicanos ya sabemos a qué atenernos con la “Cuarta Transformación”. Al ministro Medina Mora lo obligaron a renunciar congelando sus cuentas y las de sus familiares. A Rosario Robles, vinculada con acierto a proceso, la encarcelaron injustamente con una licencia falsificada y quieren someterla al escarnio público mediante juicio político, mientras los otros implicados por la Estafa Maestra no tienen de qué preocuparse.
Lo que hoy se persigue en México no es la corrupción, sino la oposición y la animadversión presidencial.