Está Escrito 040
Por Jaime González 06 Julio 2020
06 de Julio 2020
Con Motivo de las declaraciones del presidente López Obrador, respecto de que el se convertiría en “vigilante del proceso electoral” hace unos días, creo que valdría la pena refrescarle un poco la memoria en relación a la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
Esta autonomía, inicia en el entonces Instituto Federal Electoral, conseguida con la reforma constitucional de 1996. Este fue uno de los momentos importantes de la transición democrática mexicana. A partir de entonces, la función electoral quedó claramente separada de las funciones de gobierno y sin ninguna subordinación a autoridades políticas.
Hasta antes de ello, funcionaba la Comisión Federal Electoral, cuyo titular era el Secretario de Gobernación; entonces ustedes se pueden imaginar cómo funcionaba.
¿Quién no recuerda la caída del sistema en 1988, cuando presidía esa comisión Manuel Bartlet?
La autonomía constitucional del IFE, junto con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trajo reglas claras y montos de financiamiento público a los partidos políticos de manera más equitativa. También mayor y mejor acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión y normas de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos.
Una de las consecuencias más visibles del nuevo sistema electoral, creado en 1996, fue la serie de alternancias en el poder y en la representación política.
Vayamos a los ejemplos:
En las elecciones de 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, entonces el PRD ganó el Gobierno del Distrito Federal y el PAN las gubernaturas de Nuevo León y Querétaro.
En las elecciones de 2000, el PRI perdió la Presidencia de la República y varias gubernaturas.
Desde entonces, la alternancia en el poder ha sido la regla y no la excepción.
Otra consecuencia ha sido la independencia de las decisiones del IFE —y después del INE— frente al poder del presidente de la República en turno.
Veamos algunos ejemplos de esas decisiones, plasmadas en sanciones o medidas restrictivas.
En marzo de 2003, el IFE sancionó al Partido Revolucionario Institucional con una multa de mil millones de pesos por haber recibido, ilegalmente, poco antes de las elecciones de 2000, 500 millones de pesos provenientes de la empresa paraestatal Pemex.
En octubre del 2003, el IFE sancionó al PAN y al PVEM, coaligados para postular a Vicente Fox en la elección de 2000, por haber recibido financiamiento paralelo de empresas mercantiles, dinero del extranjero y aportaciones privadas no declaradas. La sanción sumó un total de 498 millones de pesos de multa.
Durante las campañas de 2006, el IFE ordenó al gobierno de Fox que, 40 días antes de que comenzara la jornada electoral, debía suspender toda propaganda gubernamental que aludiera a las elecciones, los partidos o los candidatos en contienda. Cabe señalar que en ese entonces no había en la ley tal restricción a la propaganda gubernamental, pero el IFE consideró necesario limitarla para preservar la equidad en la contienda.
En mayo de 2009, el IFE ordenó al gobierno de Felipe Calderón suspender la distribución de una carta a nombre del presidente para agradecer a los contribuyentes cumplidos, por hacerlo en el periodo de campaña electoral para renovar la Cámara de Diputados.
En 2015, durante el proceso electoral de ese año, el IFE ordenó al gobierno federal retirar la etiqueta “Mover a México” de las cajas de empaque de televisores que éste distribuía a población de bajos recursos como parte del programa de transición a la televisión digital.
En julio de 2018, el Consejo General del INE determinó imponer al partido Morena una multa de 197 millones de pesos por financiamiento paralelo y manejo irregular de un fideicomiso para ayudar a damnificados por los sismos de 2017, durante las campañas electorales.
Puede constatarse, entonces, que la autonomía del INE sirve para que sus decisiones sean independientes de cualquier gobierno o partido político, en beneficio de la legalidad y de la competencia electoral equitativa.
Con estos antecedentes, ¿será necesario que el presidente se convierta en “vigilante del proceso electoral”?
