La austeridad afecta la transparencia
Por Anabella Pezet 09 Agosto 2019
El caldero político
La austeridad ha llegado hasta el Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno Federal, que no se ha actualizado en lo que va el sexenio, desde el pasado 17 de agosto de 2017, es decir, casi dos años.
A pesar de que la Ley de Transparencia obliga a las entidades del gobierno federal a publicar y actualizar los datos de diecisiete puntos clave de la administración pública federal, entre los que destacan la estructura orgánica, las facultades, la remuneración mensual de los servidores públicos, las metas y objetivos, las concesiones, los informes, y demás información relevante, parece que nadie en este gobierno tiene interés en actualizar esta información.
A ocho meses de gobierno del gobierno actual, Enrique Peña Nieto sigue apareciendo como el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en la Residencia Oficial de los Pinos. De igual forma, a pesar de que ya no existe el Estado Mayor Presidencial, sigue apareciendo el General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Roberto Francisco Miranda Moreno en el directorio federal.
Asimismo, en este portal siguen “trabajando” Francisco Guzmán Ortiz, como Jefe de la Oficina de la Presidencia; Carlos Pérez Verdía Canales, como Coordinador de Asesores del Presidente; Alejandra Lagunes Soto, sigue apareciendo como la Coordinadora de Estrategia Digital Nacional, a pesar de ocupar un escaño en el Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México; y Eduardo Sánchez Hernández, aparece como Vocero del presidente.
En las secretarías de Estado también aparecen todos los dieciocho titulares el del sexenio pasado como Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación, Luis Videgaray Caso en Relaciones Exteriores, José Antonio González Anaya en Hacienda y Crédito Público, y Rosario Robles Berlanga en la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
Uno de los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es “proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos”. Reconoce también que “el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información”.
Asimismo, las dependencias federales deben contar con Comités y Unidades de Transparencia, donde se designe un sujeto obligado que haga cumplir con lo dispuesto en esta ley. Dos de sus obligaciones es “Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la normatividad aplicable” y “publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia”. Más adelante señala que “en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona”.
El Artículo 41 de la ley señala que:
“Artículo 41. El Instituto y los sujetos obligados promoverán que la información publicada bajo el concepto de transparencia proactiva, se encuentre disponible a través de mecanismos que propicien que el sector empresarial, académico, sociedad civil, organismos internacionales y el público en general, reutilicen la información.
Para tal efecto, la información deberá publicarse de forma que sea accesible y de fácil identificación, y deberá estar disponible en la Plataforma Nacional referida en el apartado de Obligaciones de Transparencia a que se refiere la presente Ley”.
La Ley también especifica que los sujetos obligados del Gobierno Federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantenerla actualizada, situación que no ha ocurrido. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene la obligación de vigilar y sancionar que los sujetos obligados cumplan lo que dicta la ley, pero tampoco lo han hecho.
Y lo que es inaudito es que al día de hoy no exista un número teléfono, ni correo electrónico, de la Presidencia de República. Al mismo tiempo, si uno marca a las dependencias a pedir los correos electrónicos de algunos titulares, las secretarias y asistentes dice que esa información en este gobierno es “confidencial” (Sic), cuando por ley, debería de ser pública.
En suma, parece que este gobierno la transparencia no está ni dentro de sus prioridades, ni en su agenda. Es más, retrocedimos en los avances que habíamos logrado como país.
