Otra transa de Rocha con millonarios fifís

Por Juan Manuel Partida 09 Agosto 2023

Altoparlante

Ya sabemos que la chimoltrufia les da bola, y opinaremos aquí sobre otra transa del gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya.

Mediante un “convenio de colaboración”, el gobierno estatal privatizó dos espacios que por ley deben ser públicos, el jardín botánico y el parque ecológico.

Estas instalaciones están en manos de un grupo de “puros ricos” -frase del propio Rocha- encabezado por el multimillonario Agustín Coppel Luken.

Un grupo de ciudadanos se organizó desde hace más de dos años en asamblea general de defensa de estos dos inmuebles propiedad del pueblo.

Ya presentaron una solicitud de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la violación de decretos y de leyes.

Analizan otra denuncia, en este caso ante la vendida Fiscalía General de Sinaloa, por descuido y afectación de la propiedad pública.

Precisemos que no hay mucha novedad en esto, porque anteriores gobernadores hicieron lo mismo.

El problema empeoró ahora con Rocha Moya, quien al comenzar prometió rescatar estos dos espacios pero luego convino mantener la privatización en condiciones aún más ventajosas para los fifís, esos que supuestamente son enemigos de la cuatroté.

Rubén Rocha Moya es el rey de los moches.

En casi todos los ámbitos, el gobierno estatal tiene metidas las patas para robar en directo, con empresas creadas exprofeso, o con negocios cómplices que reciben la mochada.

La privatización del jardín botánico y el parque ecológico es otro burdo atraco a la vista de todos.

El patronato de la “Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP” cobra desde hace años una cuota por ingresar al jardín botánico.

Los negocios que ahí hacen son muy descarados, con anuncios públicos.

Fiestas privadas que cobran hasta en cien mil pesos; si usted se quiere tomar una foto al interior, debe pagar 500 pesos, y si trabaja como fotógrafo profesional, le cobran 2 mil 500.

Con el colmo de que el gobierno usa dinero del pueblo para mejorar algunas de las instalaciones.

Corrupción de los ricos y también de la autoridad.

Las condiciones precisas en que operan estas transas son un secreto, porque el convenio firmado por Rocha tiene una cláusula que obliga a las partes a no divulgarlas.

El grupo ciudadano que lucha porque el jardín y el parque sean de nuevo de uso público, con apego a la ley, han sido ignorados una y otra vez por el gobernador y por el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.

Cada vez es más fuerte la sospecha que el negocio está realmente operado por Inzunza y que, otra vez, el ejecutivo estatal es un títere del “segundo”, o cómplice de las mochadas.

La realidad está ahí por más que la quieran ocultar.

Hay una privatización ilegal de espacios que deben ser públicos.

Un negocio en el que roban -eso es, sin duda alguna- los empresarios y algunos altos funcionarios del gobierno estatal.

Seguiremos comentando al respecto, porque esta transa de Rocha da para mucho más.