QUE LA LEY NO SE QUEDE ATRÁS
Por Ricardo Fuentes Lecuona 18 Julio 2023
Así las cosas…
Así las cosas… Durante los últimos meses, el
discurso político mexicano ha presenciado una importante serie de acercamientos
preelectorales dentro y fuera de los círculos políticos. Las pre-pre-pre
campañas de las “corcholatas” Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia
Sheinbaum han encontrado, al abrir la caja de pandora, un tema que el sistema
político nacional rara vez había presenciado o imaginado: las elecciones
primarias. Los procesos internos de los partidos políticos para determinar las
candidaturas hacia la elección de 2024 han comandado el interés político de la
sociedad con un vigor sin precedentes. Si bien Morena ha sido acusado por ser
poco más que un “dedazo disfrazado”, el hecho de que haya establecido una
encuesta abierta a la ciudadanía como su ejercicio formal de selección, marcó
un parteaguas en la realidad electoral de los movimientos políticos y su
relación hacia las candidaturas. En el caso de la oposición, el Frente Amplio por
México también ha seleccionado como su método formal una especie de consulta,
aunque son pocos quienes tienen claro el proceso que se está llevando a cabo.
La apertura de ambos bandos del espectro político a realizar procesos de
selección involucrando a la voluntad ciudadana nos lleva a considerar el futuro
del sistema jurídico electoral, que se encuentra en un estado precario frente a
tan explícitos actos anticipados de campaña. Ahora no será suficiente que los
“politburos”, es decir, las élites partidistas, lleven a cabo el famoso
“destape” a puerta cerrada, seguido por su registro formal ante el árbitro
electoral, sino que el visto bueno de los simpatizantes será, de ahora en
adelante, un pilar fundamental en la determinación de cualquier candidatura. El
Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, y el resto de las instituciones que forman parte de nuestro sistema
electoral, deberán contar con herramientas para regular y supervisar las
campañas internas y, por extensión, las elecciones primarias. Esto significa
que los legisladores tendrán la responsabilidad de asegurarse que la ley no se
quede atrás ante la cambiante realidad política-electoral. Siendo éste el deber
ser, cabe señalar que, mientras dicho cambio no se formalice en la ley, los
actores políticos están obligados a seguir la normativa vigente y a apegarse a
las reglas. Sabemos que la realidad es otra, pero la violación abierta y
descarada de las normas electorales debería traer consigo fuertes castigos y
penalizaciones a quienes corrompan de tal forma a nuestros procesos
democráticos. La ley electoral debe de cambiar, por supuesto, pero mientras no
lo haga, debe respetarse y seguirse al pie de la letra. Ese es el espíritu de
la democracia y el estado de derecho.
