Opinion

¿Si Vis Pacem Para “Abrazus”? Cuando los Derechos Humanos son Usados de Pretexto

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Por Carlos Flores Pompa 01 Junio 2022

La Plomada

El fin de semana pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Sinaloa con la finalidad de supervisar de forma personal el avance de obras; tanto las reuniones como la mañanera transcurrieron de forma tranquila y sin por menores, sin embargo, el sábado el presidente se movilizo hacía un evento del programa sembrando vidas en la comunidad serrana de los Ojuelos Chihuahua al que viajó por vía aérea, mandando a la prensa oficial y no oficial por carretera donde tuvieron la mala fortuna de toparse con un retén de civiles fuertemente armados en vehículos particulares que supuestamente custodiaban el lugar donde se llevaría a cabo el evento, dicho suceso ocasionó cuestionamientos al primer mandatario sobre la situación del país en materia de seguridad a lo que solo respondió “yo no soy Calderón” y se fue.

Lo que ocurrió en el trayecto al evento de sembrando vida  de este sábado, junto con muchos más que ocurren día a día en nuestro país, hace poner en duda la efectividad de la estrategia de seguridad de la cuarta transformación, añadiendo a ello declaraciones hechas por el Presidente de México como “la delincuencia organizada se portó bien” al día siguiente de una jornada electoral infestada de señalamientos de intervención de grupos armados movilizándose para alterar el resultado de las elecciones, declaraciones como “nosotros cuidamos a los delincuentes porque también son seres humanos” después de imágenes difundidas donde camionetas con civiles armados que hacen huir y persiguen a elementos del Ejército y Guardia Nacional abonan a la percepción de que las bandas delincuenciales son las que mandan en el país, sin que exista una autoridad capaz de frenarlos.

Algo que preocupa enormemente es el uso de la retórica institucional oficial para cambiar el sentido y significado de las cosas, así como de los sucesos, aprovechándose del desconocimiento que la mayor parte de la ciudadanía tiene en materia de seguridad pública, derechos humanos, derecho penal, entre otros tópicos, que solo quienes se desenvuelven en esas áreas, ya sea por trabajo, profesión o de forma académica conocen; dejando a quienes no se encuentran en dicha situación a merced de las falacias o interpretaciones a conveniencia que justifiquen los errores o inacciones por parte de las autoridades responsables de salvaguardarnos.

Para ilustrar un poco lo anterior, se analizará  el suceso de la persecución de elementos del Ejército y Guardia Nacional por parte de civiles armados, seguido de los argumentos presidenciales donde sostiene que cuida a los delincuentes por ser también seres humanos, el Secretario de la Defensa Nacional de igual manera argumenta que por instrucción del señor presidente de la república se abstienen de confrontar, precisamente para evitar muertes o lesiones innecesarias, respetando los derechos humanos de todas las personas, hecho que resulta no ser del todo preciso y tiende a confundir a aquellos que no están familiarizados con los conceptos de las áreas de seguridad, justicia o derechos humanos, habrá incluso quienes lo encuentren lógico, sin embargo, aquí se juega con el desconocimiento de las personas a favor de la omisión de nuestras autoridades, ya que ignoran que  las mismas leyes y protocolos oficiales de actuación prevén el uso de la fuerza necesaria suficiente para neutralizar amenazas a la sociedad o en el cumplimiento y ejercicio del deber, facultando incluso hasta el grado de excluir como delito o justificar el privar de la vida a otro en aras de restablecer el orden bajo el imperio de la ley, sin que ello vulnere los derechos humanos de los delincuentes, dicho de otra forma y en jerga coloquial, “le pueden entrar perfectamente a los catorrazos sin problema de vulnerar los derechos de los maleantes”, a no ser claro, que la orden sea no molestarlos y dejarlos trabajar a gusto.

Cualquier elemento de las fuerzas armadas sea Ejercito o Marina, así como de los cuerpos civiles de seguridad pública federal como la Guardia Nacional, estatales o municipales como el resto de las policías locales no incurrirían en ninguna violación a los derechos humanos si observan en su actuar las situaciones previstas y los procedimientos establecidos dentro de los protocolos de actuación donde la legislación justifica su actuar bajo diferentes figuras jurídicas como lo son: Legítima defensa; estado de necesidad; y  el cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, por lo que el actuar de las fuerzas del orden están a salvo de violaciones insistiendo en que siempre y cuando se cumplan las situaciones y procedimientos establecidos en dichos protocolos.

Las cifras de desaparecidos, feminicidios, homicidios y hechos violentos en lo que va de este sexenio que superan los números de todos los anteriores, son prueba de que la inacción de nuestras autoridades lejos de reducir de la violencia la alienta, envalentonando a los delincuentes bajo una premisa falsa de elevar su moral ante el hecho de haber logrado que nuestras policías y fuerzas armadas huyan de ellos, alentando traspasar cada vez más los límites de transgresión a la sociedad; por ejemplo: Si un padre de familia ve que sus hijos discuten y no actúa, en unos minutos dejaran de discutir y empezarán a gritarse, si continúa sin actuar, los hermanos pasaran de los gritos a los empujones, si en ese grado el progenitor permanece omiso en su intervención, de los empujones pasarán a los golpes e ira escalando gradualmente hasta que la autoridad del hogar personificada en el padre decida ejercer su papel como garante del orden familiar entre sus miembros.

No hay pretexto valido para que nuestras fuerzas armadas y policiales dejen de cumplir con el deber jurado y su propósito de existir, la falacia de justificar la inacción de nuestras autoridades aduciendo la protección de derechos humanos, se cae por si sola ante el conocimiento y lectura de nuestras leyes, ojalá los más altos mandos de las instituciones encargadas de la seguridad  y  el establecimiento y cuidado del orden constitucional y social recapaciten en cuanto a al poder e inercia que están otorgando al crimen organizado, de lo contrario podríamos agravar la crisis de seguridad que hoy se tiene aunque se oculte o minimice mediante el uso de propaganda institucional.  

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