En noviembre de 2018 se aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Bienestar y así como la figura de los “superdelegados”. Dicha reforma fue aprobada con los votos de Morena, y sus aliados el Partido Verde, el PES y el PT.
“La concentración de tal cantidad de poder político, presupuestal y de fuerza pública en una sola persona rendirán y, evidentemente, rivalizarán con quienes legítimamente han sido electos en los estados y que son reconocidos por los ciudadanos como las máximas autoridades de los estados, me refiero a las y los gobernadores”, señalaba en tribuna la senadora panista Nadia Navarro Acevedo.
“Comprendemos que la inseguridad requiere soluciones que resulten más eficaces que las aplicadas hasta ahora, es una exigencia social que compartimos.
Demandemos, sin embargo, que estas soluciones no atropellen a los gobiernos locales, no conviertan a los gobernadores en figuras decorativas, en una tarea en la que es fundamental su colaboración comprometida.
Y rechazamos, desde luego, la pretensión de convertir a los `superdelegados´ en autoridades en materia de seguridad, no corresponde a su perfil ni a los índices de idoneidad que se señalan para las tareas de seguridad pública, son ciudadanos de otro perfil, particularmente si van a estar dedicados a la administración de los programas sociales”, argumentaba en tribuna la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel.
Para defender la aprobación de la reforma, el senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, señalaba que “No hay superdelegados, hay funcionarios que requiere el Presidente de la República en un estado para atender muchos de sus programas y que lo quiere hacer con la gente de mayor confianza y disminuir el número de plazas de delegaciones que existen, y que todos sabemos que existe mucho, donde está el pecado, donde está el problema que Andrés Manuel ponga una gente de confianza.”
Y es que a cuatro meses de que el presidente López Obrador designara a sus más cercanos como “superdelegados”, algunos de estos ya están en el ojo del huracán.
El caso más reciente y notorio ha sido el del superdelegado de Durango, Guillermo Enrique Novelo Solís, quien recientemente sufrió un accidente el pasado 25 de abril en la carretera libre Durango-Mazatlán, cuando conducía una motocicleta BMW con un valor alrededor de los 500 mil pesos, algo contradictorio al movimiento de austeridad que promueve su jefe.
Apenas en octubre del año pasado, Novelo Solís fue sancionado por dos años por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena (CNHJ) tras haber simulado un proceso de elección interna en 2015, además de manipular actas del partido, lo cual se considera una violación a los propios estatutos.
Otro superdelegado, que también ha sido señalado por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), por la simular actos y hechos, por no haber realizado licitaciones, sino que la mayoría de los contratos los otorgó de forma directa, entre otras múltiples irregularidades entre 2012 y 2018, cuando fungió como Rector de la Universidad de Querétaro (UAQ), es Gilberto Herrera Ruiz.
En redes sociales, otros medios de comunicación, y en la propia entidad, ya se le denomina a este caso como la #EstafaHerrera. La ESFE acusa a sus colaboradores más cercanos, el Ing. Rodrigo Pérez Cruz, Coordinador de Obras, y al Ing. José Eduardo Santana Martínez, Supervisor de la UAQ de mentir en la firma de obras que apenas estaban en proceso de realizarse, como ya concluidas. Asimismo, se les señala por presentar conceptos atípicos como cotizaciones y facturas emitidas con fechas que no corresponden al ejercicio fiscal. Se elevaron los montos de diversas construcciones, se simularon hechos y actos que nunca existieron.
Y quien también ha sido muy criticado es el joven superdelegado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, quien recientemente celebró su cumpleaños número treinta, con una fiesta en grande, donde se incluyó grupos de música en vivo, bebidas alcohólicas, y diversos platillos, que también dista mucho de la austeridad republicana que se impulsa.
Morales Mendoza, el “virrey” de este estado, quien también tiene suspendidos sus derechos políticos en Morena debido a una acusación de misoginia en su contra, inspiró al presidente a decir que “ya chole” con la intriga, el pleito y la división (Sic). Mendoza ha declarado que en su vida “Hay dos personas que me dan órdenes: mi mamá y el presidente”.
Otro superdelegado que puso en aprietos al gobierno federal fue el de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, quien envió una carta dirigida a la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, donde reclamaba el nombramiento de Jesús Torres Charles, ex Fiscal General de Coahuila, como administrador de Investigación Aduanera.
En dicha carta, el superdelegado señalaba los antecedentes de Torres Charles, quien es señalado e investigado por dar protección al cártel de los Zetas, y por representar a unos de los principales protectores de la red de corrupción que saqueó el gobierno durante los sexenios de los hermanos Moreira. El caso terminó con la intervención del presidente López Obrador y el cese del funcionario en aduanas.
Y qué decir del desafortunado comentario del superdelegado de Veracruz, Manuel Huerta, quien declaró que las madres beneficiadas de los programas de estancias infantiles, podrían contratar a más “Yalitzas”.
En fin, son 32 superdelegados en el país, amigos, cercanos y “de confianza” del presidente López Obrador. Son sus ojos, sus operadores, y algunos, sin duda, sus proyectos para gobernar el estado que representan. Sin embargo, al paso que vamos, algunos de ellos ya dan muestras de tener una dudosa reputación, o su doble discurso. Vamos a ver cuántos de ellos sobreviven al primer año de gobierno, que es clave y punta de lanza para consolidar el proyecto de nación al que aspira AMLO.