Uso de la fuerza
Por Moisés Gómez Reyna 15 Junio 2020
Perspectiva
En días recientes, varios casos de abuso de la
fuerza por parte de policías locales en diversos estados del país acapararon la
atención de la opinión pública.
El primero fue el del joven Giovanni López,
presuntamente torturado y asesinado por elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán
de los Membrillos, en Jalisco.
Luego se conoció el caso de Carlos Andrés Navarro,
de 33 años, detenido presuntamente por alterar el orden por parte de policías
estatales en Xalapa, Veracruz, y que en un cuartel fue golpeado hasta la
muerte.
El más reciente es el del joven futbolista de
tercera división Alexander Martínez, de 16 años, quien sin estar armando fue asesinado
en un ataque directo a manos de la policía del municipio de Acatlán, en Oaxaca.
Todos estos casos vienen a recordarnos de manera trágica
la falta de atención en que se encuentran los cuerpos policiacos municipales y
estatales de prácticamente todo el país.
Hasta hoy la lucha contra el crimen organizado ha
acaparado los reflectores y todos los esfuerzos se han concentrado en mejorar a
las fuerzas federales.
Incluso se dotó a la Guardia Nacional de un
protocolo para el uso de la fuerza y hasta ahora se puede decir que no existen
incidentes graves por parte de esta institución, a pesar de la complicada lucha
que debe desarrollar contra los violentos grupos de la delincuencia organizada.
Pero en contraste, las policías locales que son los
principales responsables de prevenir, perseguir e investigar los delitos del
fuero común (robos, violaciones, feminicidios) y llevar a los delincuentes ante
la justicia, continúan sin ser debidamente preparadas para asumir su rol contra
la delincuencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Estándares y
Capacitación Profesional Policial (Enecap), elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) y presentada en noviembre de 2018, las
policías preventivas estatales y municipales representan el 76.1% de todas las
fuerzas policiales del país. Mientras que los elementos federales sólo comprenden
el 10% del total.
En las fuerzas federales, el 43.7% de los agentes
tienen educación de nivel superior, mientras que en las policías preventivas
estatales y municipales sólo el 12.7% de sus elementos cuenta con estudios
profesionales.
Casi 1 de cada 3 policías locales desarrolla otra
actividad para complementar sus ingresos económicos.
Por otra parte, mientras el 97.3% de los elementos
de seguridad federales recibieron algún curso de formación inicial al ingresar
a la corporación, en las policías municipales esa proporción desciende a 74.1%.
La encuesta también revela que las policías
municipales son quienes más recurren al uso de la fuerza, ya que el 77.4% de
los agentes la han empleado en el desempeño de sus funciones. En contraste, el
73.2% de los policías estatales utilizan este recurso.
Para avanzar hacia una mejor seguridad pública, es
indispensable que las policías locales sean depuradas, capacitadas y asuman
completamente su papel de prevención, proximidad, investigación y combate del
crimen en flagrancia, todo sustentado en inteligencia, evidencia científica y pleno
conocimiento de la ley.
Sólo de esa forma los verdaderos criminales serán
llevados ante un juez y tendrán una sentencia adecuada y sustentada por sus
delitos, y no saldrán impunes por violaciones al debido proceso, fabricación de
pruebas o carpetas de investigación mal sustentadas.
En definitiva, si se desea obtener verdaderos
resultados contra la delincuencia común y además acabar con los abusos en el
uso de la fuerza por parte de las policías locales, es fundamental que la
Federación, los estados y los ayuntamientos asuman cada uno su responsabilidad
y tomen acciones urgentes para modernizar y mejorar a los cuerpos policiacos
estatales y municipales.
Es hora de que los mandos hagan la tarea y tomen este
“toro por los cuernos”.
Twitter:
@GomezReyna
