Los Mochis, Sinaloa.- Si realmente se busca rescatar a la agricultura de riego y alcanzar la soberanía alimentaria, es necesario que los granos básicos como maíz, trigo, sorgo y frijol salgan del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), así lo expresaron Campesinos Unidos de Sinaloa, mismos que a su vez le piden al Gobierno Federal replantear la política agrícola nacional.
El líder de los productores Baltazar Valdez Armentía, señaló que mantener estos productos dentro del acuerdo comercial ha perjudicado a los productores nacionales, al permitir que los precios internos se vean afectados por el mercado internacional.
“Un ejemplo claro de lo dañino que representa seguir apostando al TLC es la poca producción de maíz blanco que se cosechó este ciclo, mientras los precios siguieron cayendo, cuando el mercado nacional lo estaba pagando inicialmente hasta en 6,200 pesos por tonelada”, subrayó.
En ese mismo sentido Valdez Armentía destacó que en el hipotético caso de que hubiera agua suficiente para que se siembre suficientes hectáreas para que el maíz deba seguir siendo el cultivo prioritario en Sinaloa, debido a que cuenta con una demanda estable para el consumo nacional.
El líder de los productores agrícolas del sector social advirtió que sustituirlo por otros cultivos podría saturar el mercado y provocar que la producción terminara almacenada sin comercializarse, situación que vendría a afectar a los productores.
El dirigente cuestionó la estrategia de la Secretaría de Agricultura y de las organizaciones privadas de acopio, que insisten en apostar por coberturas de precios pese a que el mercado de Chicago proyecta una mayor producción de maíz en Estados Unidos, lo que dificultaría incrementos en las cotizaciones internacionales.
“Si se prevé que USA tendrá mayor producción de maíz, es lógico que los precios no suban. Entonces, ¿cómo es posible que se esté apostando el futuro a la compra de coberturas?”, cuestionó.
Valdez Armentía afirmó que para impulsar de verdad la agricultura de riego en Sinaloa y en México se debe revisar de manera inmediata el marco político y normativo de la comercialización agropecuaria, así como fortalecer la banca de desarrollo para el sector primario.
