El gobierno de Estados Unidos anunció la autorización para la venta y reexportación de petróleo y gas a Cuba, condicionada a que el combustible se destine exclusivamente al sector privado de la isla y a actividades con fines humanitarios. La medida se enmarca en la Excepción de Licencia SCP, que permite exportaciones para uso personal y actividades económicas privadas, y llega tras cambios en la situación regional que afectaron el suministro energético hacia La Habana.
Las autoridades estadounidenses precisaron que los exportadores deberán cumplir las guías vigentes y que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros supervisará el cumplimiento de las normas. Además, se indicó que, aunque el crudo pueda tener origen inicial en Venezuela, su salida desde Estados Unidos estará sujeta a control por parte de las autoridades norteamericanas, con prioridad para empresas estadounidenses en la comercialización del producto.
La decisión ocurre después de la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, hecho que motivó sanciones y restricciones sobre el comercio de petróleo con Cuba. Ante la crisis energética y económica, el gobierno cubano flexibilizó normas internas para permitir, por primera vez en décadas, la importación privada de combustible, lo que facilitó la negociación con proveedores internacionales.
Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump afirmó que Washington controlará el destino del crudo venezolano y que la venta se realizará en el mercado internacional a precios de referencia; en su discurso mencionó un volumen de hasta 80 millones de barriles como cifra vinculada a la operación. Paralelamente, Estados Unidos ha canalizado ayuda humanitaria a Cuba en otras ocasiones recientes, como el envío de medicamentos y alimentos tras el huracán Melissa.
Fuentes oficiales subrayaron que la autorización busca aliviar parcialmente la situación en la isla sin levantar la presión sobre el régimen, al tiempo que se orienta a apoyar al sector privado y a la población civil. Las exportaciones estarán sujetas a controles y a la verificación de que los recursos se empleen conforme a los fines humanitarios y comerciales autorizados.
